Las áreas protegidas están ampliamente reconocidas como la piedra angular de la conservación de la biodiversidad, ya que no solo aseguran la conservación de la diversidad biológica, sino también el bienestar de la humanidad. Al mismo tiempo, las presiones sobre estos espacios se están incrementando por parte de una serie de actores políticos, sociales y económicos, con grandes intereses para la inversión directa relacionada con la producción de alimentos, desarrollo de infraestructura, explotación de hidrocarburos y la minería en la región.
En Bolivia, la creación de áreas protegidas de carácter nacional coincide con la histórica etapa vivida en los 90 relacionada con la Cumbre de Río, la creación del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y los compromisos asumidos en el marco de estos acuerdos, etapa en la que se crean y/o amplían la mayor cantidad de áreas protegidas nacionales. Mientras que la reciente creación de reservas departamentales y municipales responde sobre todo a la preocupación local de protección de fuentes de agua y desarrollo del turismo más que a la protección de la biodiversidad per se, y como una respuesta ante el creciente avance de la frontera agrícola.
Actualmente nos encontramos en una etapa de oportunidad y contradicción para las áreas protegidas. En Bolivia estos espacios abarcan cerca del 23% del territorio nacional con un buen estado de conservación, y nuestra Constitución Política las reconoce como un bien común, parte del patrimonio natural y cultural del país, ya que cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas esenciales para el desarrollo sustentable. Todo parecería estar bien. Sin embargo, la viabilidad y permanencia de estas reservas naturales están en riesgo, debido a la visión desarrollista del Gobierno y las políticas públicas extractivas, que curiosamente contradicen la propia CPE.
Las recientes declaraciones públicas acerca de la debilitada capacidad de gestión en las áreas protegidas y los bajos presupuestos con los que operan han puesto en evidencia que estas reservas hoy constituyen una piedra en el zapato para la visión de desarrollo extractivista, y que más allá del discurso no se reconoce adecuadamente el rol fundamental que cumplen, no solo en términos de conservación de la biodiversidad, sino también y sobre todo por su capacidad de mitigación y adaptación al cambio climático, y las funciones ambientales, culturales, sociales y económicas que cumplen.
Hoy las áreas protegidas necesitan un mayor reconocimiento y compromiso y, sobre todo, acciones concretas para resguardarlas, y no solo de parte de los encargados de materializar las políticas públicas del nivel central, sino también a nivel subnacional, además de la sociedad civil, los pobladores locales y el sector privado.
