Como se ha venido advirtiendo desde hace semanas, la gobernabilidad del municipio de La Paz parece estar amenazada. En un “cabildo” realizado el pasado lunes se determinó no solo continuar con las movilizaciones y bloqueos que tanto daño le hacen a la ciudadanía, sino que además se buscará reunir firmas para convocar a referéndum revocatorio del Alcalde.
Quienes se reunieron (5.000 personas, según la reportera de este diario) representan a una parte de los choferes sindicalizados del transporte de pasajeros, a una de las tres federaciones de juntas vecinales (comprobadamente afín al partido en función de gobierno) y a una de las tres federaciones de comerciantes gremiales.
Se trata, sin duda alguna, de una multitud digna de atención, pues estos tres sectores son conocidos por su capacidad de movilización callejera y por la rudeza de sus métodos. Y también porque son los sectores que tradicionalmente se oponen (y cuando pueden, combaten) las iniciativas que buscan poner más orden en la vida urbana, a través de la política pública expresada en leyes municipales.
Los primeros, que nunca cumplieron a cabalidad los acuerdos firmados en febrero de 2016 y que sirvieron para incrementar la tarifa de minibuses, acaban de obtener una nueva concesión municipal, que consiste en permutar las muchas boletas de infracción que recibieron por cursos “virtuales” de vialidad. El que amenacen con nuevas protestas es señal inequívoca de que este trato tampoco será cumplido.
A su vez, los gremiales se oponen hace ya muchos meses a una disposición que dispone la “carnetización” de todos aquellos que tienen puestos de venta autorizados en las calles de la ciudad; es obvio que limitar el número de vendedores callejeros es precisamente algo que ellos no desean y están dispuestos a mucho para hacer prevalecer su posición.
Finalmente, los dirigentes de la Fejuve afín al MAS se oponen a la Ley Municipal 233, cuyo fin es reforzar y actualizar los mecanismos de control municipal sobre terrenos y construcciones. Quienes más amenazados se sienten con esta idea son los que viven en terrenos loteados y en viviendas construidas deliberadamente fuera de norma; son los mismos que han sembrado la desinformación entre los vecinos más pobres para asegurar que estén movilizados incluso si la nueva norma no les toca.
En uno de los tres casos que ha inspirado el “cabildo” del lunes el problema tiene su origen en una deficiente gestión de la comunicación pública, tarea descuidada que luego se intentó ejecutar con servidores municipales distribuidos por toda la ciudad explicando de qué se trata la polémica Ley 233, falta saber si el esfuerzo fue fructífero. En el caso del transporte y de los gremiales, poco hay que agregar a lo que la gente ya sabe, siente y piensa al respecto. Se vienen días duros para toda la población paceña.
