El 25 de mayo, la calificadora de riesgos S&P Global Ratings revisó su evaluación para el país con un cambio de perspectiva “estable” a “negativa” por mayores riesgos externos. En consecuencia, se confirmó una evaluación BB para las deudas soberanas de largo plazo de Bolivia y de B para las de corto plazo. Estas calificaciones se interpretan como probabilidades de incumplimiento en los títulos públicos, que corresponden a inversiones con grado especulativo con constante incertidumbre y susceptible a un posible deterioro económico.
Huelga recordar que las calificaciones de riesgo (soberanas y de riesgo país) influyen en las expectativas de los inversores privados, nacionales y extranjeros, respecto a las condiciones de incertidumbre de una nación y el grado de estabilidad en los beneficios futuros; lo que repercute en la inversión presente.
La nueva calificación a la baja de S&P no se atribuye a los precios reducidos de los hidrocarburos, sino a problemas en la producción gasífera y en los prospectos de producción a mediano plazo. De hecho, algunas simulaciones pesimistas indican un pronto agotamiento de las reservas de gas para 2023. La fundamentación también apunta a desequilibrios macroeconómicos en el país: nivel de gasto público desproporcional a los ingresos (déficit fiscal), endeudamiento público y déficit en cuenta corriente; sin poner atención en la caída acelerada de las reservas internacionales.
Otro punto de interés para S&P se centra en las expectativas de incertidumbre sobre el sector financiero (crediticio) frente a un posible deterioro en la actividad económica nacional. A todo ello cabe añadir una subestimación de parte de la calificadora de riesgo en las proyecciones de las perspectivas fiscales. Por tanto, es muy probable que el deterioro esperado en los déficits fiscales y de endeudamiento público sea mayor.
A manera de conclusión, S&P justifica una menor calificación por la debilidad registrada en la evaluación desde la perspectiva económica del país y el deterioro institucional y fiscal (manejo de las finanzas públicas) frente a un desequilibrio externo. Los shocks externos siempre existirán, lo relevante es cómo las autoridades de política económica reaccionan y se ajustan para mitigar los desequilibrios macroeconómicos.
Por último, S&P añade una recomendación. En un contexto de caída prolongada de ingresos por la exportación de gas, las implicaciones políticas deberían traducirse en un ajuste permanente en los niveles de gasto e inversión pública (con objetivos de sostenibilidad); ya que el país estaría enfrentando la disyuntiva entre un mayor crecimiento económico o buscar equilibrios macroeconómicos en el corto y mediano plazo.
