Semanas atrás comentamos en este mismo espacio el preocupante dato que califica a El Alto como una de las ciudades más violentas y peligrosas del país; lo más alarmante es que la información proviene del Ministerio de Gobierno, que parece estar imposibilitado de hacer algo al respecto, pues la Policía, evidentemente, no da abasto para tanta delincuencia.
Quienes sí buscan y encuentran modos de ponerle, si no un alto, al menos importantes trabas a la delincuencia común son los vecinos de la populosa urbe, que todavía emplean el linchamiento como amenaza disuasoria, pero que ante las numerosas complicaciones legales que esta práctica implica (incluyendo juicios por homicidio, cuando no acusaciones de asesinato), también han comenzado a cerrar las calles al tráfico vehicular.
En efecto, desde hace varios meses, muchas calles en las zonas residenciales de la ciudad, especialmente en los distritos ubicados al sur del aeropuerto, tienen en cada esquina rejas, cadenas o cables de acero colocados de tal modo que impiden la circulación de cualquier automóvil, pero no de peatones. La explicación es sencilla: si ni la municipalidad ni la Policía son capaces de brindar algo de seguridad ciudadana, son los propios vecinos quienes deben adoptar medidas de control, lo cual implica, por una parte, sacrificar libertades propias y ajenas (la de libre circulación en primer lugar) y, por otra, adoptar formas organizativas que ayuden a cumplir el papel que las fuerzas del orden no pueden desempeñar apropiadamente.
El resultado es una ciudad llena de trabas a la circulación y una población crecientemente temerosa y desconfiada de cualquier persona desconocida. No es para menos, los testimonios recogidos en éste y en muchos otros medios de comunicación dan cuenta de recurrentes asaltos dentro y fuera de los hogares, en los que menudea la violencia y las familias pierden lo poco que tienen. Según una vecina de la zona Cristal 2, la Policía solo actúa con premura cuando se denuncia un linchamiento, pues en casos de robo, “llega dos o tres horas después de lo ocurrido”.
Para agravar aún más el drama de vivir en El Alto, hay vecinos que sostienen que el enrejado de calles ha servido para evitar la circulación de automóviles, pero no ha detenido los robos y asaltos a transeúntes o dentro de las viviendas. Historias al respecto abundan, y las autoridades no parecen sentirse especialmente preocupadas.Urge, pues, que se encuentre una solución pronta y viable al crimen y la violencia en El Alto. La incapacidad del Estado para resolver este asunto redunda no solo en un virtual estado de sitio dictado por las juntas vecinales, en franca usurpación de las atribuciones de las autoridades legítimamente constituidas, sino también en un horrible estigma que afecta a toda la población de esa ciudad.
