Para los ciudadanos de a pie, la promulgación de la Ley municipal de Fiscalización Territorial, la famosa 233, se percibe como una medida que nace estimulada por la época de vacas flacas. Tenemos esa impresión porque fue promulgada sorpresivamente y fue muy mal explicada. Consecuentemente, se levantó una reacción con excesos aberrantes como es un plebiscito o la convocatoria constante a paros. Esta ley me recuerda al decreto que quiso anular la subvención a la gasolina. Ambos son necesarios, pero políticamente inoportunos.
Pero vayamos a lo nuestro. Desde el punto de vista técnico, se nos informa que con esta ley podremos ordenar el crecimiento urbano y, sobre todo, frenar y castigar a los loteadores e inescrupulosos del negocio inmobiliario. Para lo segundo, no era necesaria una ley genérica que abre su abanico a todos los habitantes, sino bastaba con redactar una específica para esos grupos de maleantes que trafican con el suelo urbano. Y acerca de lo primero, extraña la manera con que los urbanistas municipales quieren, ahora, ordenar la ciudad.
Soy un viejo arquitecto, que ha vivido y padecido ene gestiones municipales, que puede declarar que los problemas de fondo no se resolverán con esta nueva ley, porque la problemática urbana nace de una particular idiosincrasia que se manifiesta en dos fenómenos. En primer lugar, ninguna construcción se queda paralizada en el tiempo como para aplicar normativas estáticas. Todas las construcciones en La Paz cambian constantemente en un proceso que se llama crecimiento progresivo. Un fenómeno particularísimo que, por patrones culturales, se vive diariamente: se adicionan espacios en las propiedades a la par del crecimiento económico y las necesidades familiares. De acuerdo con la normativa vigente, para cada cambio debemos presentar trámites. Sabiendo que los mismos son una tortura que dura meses ¿alguien en su sano juicio comenzaría trámites para cada modificación?
Y este fenómeno de crecimiento progresivo se asocia con la inestabilidad de los criterios técnicos. He visto cambiar las normas municipales y sé que las actuales, llamadas LUSU, también serán transformadas por presiones sociales o políticas. Enormes mamotretos en Sopocachi o Miraflores han sido avalados por una normativa voluble e inadecuada. Las autoridades deben aceptar, hidalgamente, que sus normas también han “aportado” a la destrucción de esta ciudad. Pregunto entonces: ¿seguro que llegó el tiempo de ordenar esta ciudad, congelar su historia y aplicar multas?
Para concluir, si están dispuestos a seguir con la Ley municipal 233, comiencen multando o demoliendo las abusivas construcciones estatales que han destrozado plazas y el centro histórico de esta ciudad.
