Actualmente se desarrolla en Mojos una peculiar caminata indígena, y muy pocos nos hemos enterado en el país al respecto. Se trata de la “Caminata de reafirmación de nuestro derecho histórico sobre el área de bosque Tsimane”, iniciada el 5 de julio por indígenas mojeños, movimas y tsimanes, y cuya duración estimada será de 12 días. Esta caminata forma parte de las estrategias de resistencia indígena ante el riesgo de que el Gobierno dote el bosque Tsimane a otros sectores sociales para su aprovechamiento, desnaturalizando así su condición de territorio indígena ancestral.
Recordemos que, como resultado de la primera marcha indígena de 1990 denominada “Por el territorio y la dignidad”, el Estado reconoció la propiedad indígena de esta área mediante el DS 22611, el cual establece que ese espacio territorial les será restituido una vez concluyan los contratos de concesión forestal aún vigentes. La actual caminata confirma, una vez más, que aún no se ha superado el histórico conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas, resultante de la contraposición de lógicas e intereses distintos entre ambos.
La historia de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado fue invariablemente de resistencia de los primeros y de negación del segundo; cada cual desde su visión y sentido históricos, aún con los actuales preceptos constitucionales. En esta relación de conflicto con el Estado, la acción de los pueblos indígenas, como la de esta caminata, ratifica la continuidad de al menos dos componentes que hacen a su naturaleza socio-cultural: la defensa intransigente del territorio indígena y la estrategia de defensa empleada.
La defensa del territorio no responde a una agenda monotemática, pues también reivindica la autonomía indígena, la participación política, el desarrollo a partir de sus lógicas, etcétera. Pero el territorio es la base de su forma cultural, por tanto, es la temática más sensible y prioritaria de su agenda.
El territorio fue el tema intrínseco de las nueve marchas indígenas realizadas en las últimas tres décadas, e indudablemente aún lo continuará siendo, puesto que solamente se han logrado restituciones territoriales parciales, espacios residuales, fragmentados por fronteras político administrativas o de otra índole; con espacios geográficos discontinuos, coartados por otros tipos de propiedad; con su diversidad ecológica restringida y en algunos casos, hasta cercenada. Además, con un proceso de saneamiento inconcluso y una seguridad territorial debilitada, la prioridad de la agenda indígena se ha visto reducida.
Ya estamos familiarizados con las marchas indígenas desde la Amazonía hasta la ciudad de La Paz, a través de un conmovedor despliegue de esfuerzo físico. El sacrificio colectivo e individual de estas movilizaciones equivale a la dimensión del riesgo o la afectación de sus históricos espacios de vida material y espiritual. Las marchas indígenas no buscan evidenciar el conflicto, son la búsqueda de un encuentro de diálogo. No son una manifestación en pro de una demanda postergada y menos de una adicional; constituyen un pedido de respeto a lo que se tuvo y a lo que aún se tiene. Las marchas indígenas son una vía dirigida a evitar el conflicto.
En el caso de la caminata que hoy nos ocupa, se trata de una movilización similar a la marcha indígena en su sentido simbólico, pero distinta en su interlocutor: es una caminata hacia dentro del territorio, es un encuentro consigo mismos; “con el lugar de dónde venimos”, en palabras de uno de los líderes indígenas; un reencuentro con los espíritus protectores de su territorio para reafirmar su defensa.
Pareciera que ni el Estado ni la sociedad han logrado comprender aún estas formas extremadamente pacíficas de protesta. Urge superar la clásica acción de confrontación establecida en los protocolos de gestión de conflictos. Las formas pacíficas no son necesariamente expresiones de debilidad. El movimiento indígena lleva siglos resistiendo bajo sus propios métodos de defensa del territorio. Las marchas indígenas ya llevan 27 años sucediéndose, y si bien el Estado se ha portado muy poco flexible ante su resistencia, los pueblos indígenas tampoco fueron desarticulados como movimiento político.
Al parecer tampoco logramos comprender las connotaciones humanas, espirituales ni políticas de estas formas de protesta, que son en esencia formas de resistencia. Pareciera que quedamos indiferentes ante tanto pacifismo; insensibles ante los densos códigos culturales que manejan en su acción movilizadora; de ahí el estado de negación en el que subsisten. Para los pueblos indígenas, la plurinacionalidad del país es aún una utopía.
Esta intracaminata de reafirmación del derecho sobre el bosque Tsimane es una más de las microacciones de resistencia que realizaron y continúan realizando los pueblos indígenas en la Amazonía del país. En estos últimos tiempos, esas acciones de baja visibilidad están especialmente relacionadas con megaproyectos que amenazan los territorios indígenas, aunque de causa distinta a la del caso específico del bosque Tsimane.
