La economía del país sigue mostrando indicadores positivos en el primer semestre de este año. El dinamismo de la inversión pública está contribuyendo a sostener significativamente la actividad, pese a que la desaceleración externa persiste. Sin embargo, resulta imperioso optimizar y adecuar la calidad y la composición del programa de inversiones del Estado a esta realidad.
Según reportes recientes del Banco Central, la economía sigue registrando indicadores positivos. Por caso, se estima un crecimiento que podría superar el 4% hasta fin de año. La inflación se ha mantenido bastante baja en el primer semestre. En los primeros seis meses de 2017 se logró incluso aumentar levemente las reservas internacionales, a pesar de que los precios de las principales exportaciones nacionales no se han recuperado significativamente. Por último, el déficit fiscal en 2016 fue 6,7% del PIB, ligeramente inferior al de 2015, impulsado sobre todo por el elevado monto de las inversiones públicas y no tanto por el incremento del gasto corriente.
En resumen, la foto macro de la economía sigue siendo alentadora. Pero hay también indicios de que la creación de empleos se está ralentizando en ciertos sectores, y que la reducción de la pobreza se ha detenido en las zonas urbanas desde hace dos años. Indicadores cualitativos muestran también que las expectativas sobre el desempeño de la economía son más pesimistas.
Viendo el panorama regional, parecería que la política fiscal contracíclica del Gobierno (de expansión de la inversión pública para impulsar la economía), hasta ahora ha sido la correcta, pues sus resultados contrastan con la fuerte desaceleración que se ha producido por ejemplo en Perú, Brasil y Argentina como efecto de políticas de signo contrario.
No obstante, hay aspectos que deben ser encarados en esta nueva etapa. Existen señales de que los rendimientos de la inversión pública en términos de empleo se están reduciendo. Y es igualmente evidente que el ritmo de recuperación de los ingresos por exportaciones tradicionales será mucho más lento que lo que se proyectaba hace dos años. Éstas son razones poderosas que justifican un reordenamiento y una mejor optimización del programa de inversiones públicas.
No se trata de cambiar la política fiscal anticíclica, sino de mantenerla, pero con una composición de inversiones más eficaz, de tal manera que se impulse el crecimiento del empleo entre los sectores más vulnerables, así como una mayor sostenibilidad desde el punto de vista financiero. Para ello ciertos programas deberían priorizarse y otros, postergarse hasta que mejore la coyuntura externa. La “reingeniería” de YPFB, un mayor y mejor control del desempeño de las empresas públicas, el lanzamiento de programas de empleo urbano y el reinicio del diálogo con el sector privado contribuirían asimismo a encarar estas urgentes matizaciones de la política económica.
