Con la publicación de sus resultados oficiales, concluyó el referéndum aprobatorio de estatutos autonómicos y cartas orgánicas realizado el domingo 9 de julio. Más allá de la relevancia democrática de esta nueva consulta, que permite a la ciudadanía decidir directamente con su voto, tenemos renovadas señales sobre la situación y rumbo del proceso autonómico en el país.
Como efecto del proceso constituyente, plasmado en la Constitución Política de 2009, Bolivia definió un nuevo modelo de Estado cuyas dos principales cualidades son la plurinacionalidad y las autonomías. Ello implica una nueva organización territorial y el derecho de las entidades autónomas a la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva. La transformación es profunda; el avance, demasiado lento.
Las autonomías se constituyen por voluntad democrática de sus habitantes. Y están reconocidas en cuatro niveles: departamental, regional, municipal e indígena originario campesino. Para el ejercicio de los gobiernos autónomos, se requiere la elaboración y puesta en vigencia de estatutos y, a nivel municipal, de cartas orgánicas. La norma establece que dichos documentos, superado el control de constitucionalidad, deben ser aprobados en referéndum. El recorrido es no solo prolongado, sino arduo.
Al abrigo de la Constitución Política y la Ley Marco de Autonomías, se han realizado a la fecha tres referéndums aprobatorios de estatutos autonómicos y cartas orgánicas. El primero, en 2015, fue fallido porque cinco departamentos rechazaron sus estatutos. El segundo, en 2016, dio buen impulso a las autonomías municipal, regional e indígena. Y el tercero, del 9 de julio, brindó mensajes contradictorios: ocho entidades votaron Sí, seis dijeron No. La salud del proceso es aún muy frágil.
Si asumimos que llegar a un referéndum es la culminación de un largo y costoso camino, resulta ineludible preguntar por qué en varios casos la ciudadanía, con su voto, le da la espalda al documento constitutivo de la autonomía. Los casos demuestran una concurrencia de factores: falta de información, disputas internas, elaboración poco participativa de estatutos y cartas orgánicas, apatía ciudadana respecto a las autonomías, campañas negativas, voto castigo contra autoridades, temas de coyuntura…
¿Hacia dónde va el proceso autonómico en el país? A reserva del ímpetu y resultado de nuevos referéndums en los próximos años, es evidente que las autonomías navegan aún en un agitado océano de complejidad e incertidumbre. Cierto que las banderas continúan izadas y que hay importantes avances. Pero el impulso recentralizador es fuerte. Más todavía en un contexto de contracción de recursos. Si bien no parece haber naufragio a la vista, las autonomías afrontan un riesgo mayor: su congelamiento.
