Días atrás se anunció que está en marcha la reglamentación de la Ley 938, de Pesca y Acuicultura Sustentable, para cuyo efecto fueron convocados los representantes de los pescadores en todo el país a una reunión celebrada ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se trata de la primera vez que la actividad pesquera es normada en Bolivia, ojalá que para bien.
Según la explicación del presidente de la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, uno de los objetivos de la ley es “controlar la pesca indiscriminada para la comercialización”; también tiene el objetivo de facilitar el acceso a créditos para los pescadores. Ambos propósitos serán satisfechos a través de un registro de quienes se dedican a la pesca y la acuicultura, estimados en aproximadamente 100.000 personas en todo el país, quienes recibirán licencias para ejecutar su actividad.
La norma, que fue promulgada el 3 de mayo de este año, establece que el registro y la entrega de las licencias estará a cargo de la Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura (IPD-Pacú), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Esta institución tiene además la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las condiciones técnicas de la pesca y la acuicultura, así como renovar, ampliar o declarar la caducidad de las licencias.
Asimismo, la IPD-Pacú debe ejecutar políticas, estrategias, programas, proyectos y normativas para el fortalecimiento de la producción primaria de la pesca; así como la industrialización, procesamiento y consumo de los productos. Seguramente al desarrollo de estos ámbitos se destinarán los créditos que la norma facilite a los productores.
Por otra parte, la Ley 938 también incluye algunas restricciones a la actividad pesquera; por ejemplo, se prohíbe el uso de dinamita y otros materiales explosivos, incluyendo armas de fuego, además de sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas, las cuales pueden poner en riesgo los ecosistemas acuáticos. En el mismo sentido deben crearse normas específicas que establezcan cuotas de extracción de especies acuíferas, espacios geográficos donde desarrollar o no la pesca, así como tallas de las especies y sus tipos.
Finalmente, para el pleno cumplimiento de la norma, la IPD-Pacú realizará inspecciones en coordinación con gobernaciones y alcaldías a granjas, locales y establecimientos, vehículos o áreas donde se deposite, transporte o procese y comercialice estos productos.
Se trata, pues, de una norma tan necesaria como difícil de implementar, dado el estado de construcción institucional y, sobre todo, de asignación de recursos públicos, lo cual no debe servir de excusa para que la ley no se aplique. Es deseable que la norma entre en vigencia cuanto antes, pero sobre todo que sea acatada por todos los agentes involucrados en el sector.
