Cuando uno ingresa a un recinto penitenciario, olfatea una hediondez insoportable. Y no me refiero a la fetidez que deviene por el hacinamiento humano, típico de aquellos viejos conventillos convertidos en cárceles públicas; sino al olor repugnante proveniente del Poder Judicial que campea por doquier; un aroma parecido al del excremento. Allí, en las prisiones bolivianas se respira un ambiente de indignación; se aprecia una injusticia descomunal. Son lugares para descifrar la miseria humana. Allí se conoce a un país. Las cárceles son un espejo de la sociedad en crisis.
La mayoría de los reclusos no tienen sentencia ejecutoriada. Muchos son inocentes. El peor pecado de ellos es ser pobres. La pobreza condena a un encerramiento inclemente. Ese entramado perverso de fiscales, jueces, abogados y policías —muchas veces, articulados al poder— funciona como si fuera parte de una actividad gansteril, como un negocio siniestro. ¡Dios nos libre de caer en esta telaraña delincuencial! Si por desgracia caemos en las manos de este clan facineroso, nos exprimen hasta nuestra última gota de dignidad.
El ejemplo paradigmático de esta Justicia inmunda es Reynaldo Ramírez, joven potosino que decidió migrar a Santa Cruz en búsqueda de un mejor futuro. Una vez instalado en el oriente del país, mientras trabajaba en una planta termoeléctrica, hace dos años y dos meses, su sueño se marchitó. Fue condenado injustamente a 30 años de cárcel por dizque asesinar a una mujer a la que nunca había conocido. Reynaldo fue víctima de una trama malévola interpuesta de manera alevosa o negligente, por un enjambre de fiscales y jueces. Si no hubiese sido por la perseverancia de un policía probo que, como si se tratase de un discípulo de Sherlock Holmes, logró dar con el paradero del verdadero culpable del feminicidio que se le inculpaba, quizás se hubiera podrido en Palmasola el resto de su vida.
Al igual que Reynaldo, las cárceles bolivianas están atiborradas de reclusos inocentes que ven impotentes cómo esos clanes mafiosos les roban no solamente su libertad, sino también su dignidad y sus sueños de vida. Les condenan al peor de los abismos. He aquí una de las principales razones que pone en relieve la urgencia de una reforma judicial que elimine los procesos kafkianos funcionales a esa maquinaria atroz que desnaturaliza el sentido de la justicia en Bolivia.
En ese recorrido burocrático es donde discurre la injusticia. Los clanes gansteriles operan a través de este dispositivo, ante la mirada irritante e impotente de los ciudadanos, que se sienten vulnerables y asustados por este proceder mafioso. Estos clanes echan a la borda todos los derechos constitucionales.
Estas inmundicias afloran descarnadamente en el ámbito penal, más que en cualquier otro ámbito judicial, poniendo a la Justicia boliviana en el diván de los acusados. Una actitud aciaga gobierna a los operadores judiciales. Este patrón cultural se asienta en una lógica mercantilista de la Justicia. Aquí radica el principal desafío de la reforma judicial, toda vez que los cambios normativos necesariamente deben apuntar a una transformación radical en el comportamiento de los jueces, fiscales y abogados defensores.
Se exige una verdadera reforma para extirpar aquellos clanes mafiosos que operan paradójicamente en nombre de la Justicia. Sabemos que está en curso una reforma judicial. Esperemos que esta iniciativa le otorgue un verdadero sentido a la Justicia. Quizás lo que se necesita con urgencia sea una reforma moral profunda, que pueda acabar con este mundo hostil que envuelve siniestramente a la justicia boliviana.
