El martes concluyó una reunión entre representantes de Bolivia y Chile con importantes acuerdos para reforzar la cooperación fronteriza; ojalá se trate de un primer paso encaminado hacia una mejor relación bilateral. Sin afectar la demanda marítima ante el Tribunal de La Haya, es deseable y parece posible avanzar en una agenda práctica de conversaciones con el vecino país.
La demanda interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la reivindicación marítima ha sido un hito significativo en la relación con Chile. Ha abierto un escenario interesante para que los reclamos del país, por su injusto enclaustramiento, puedan avanzar en la escena internacional. No obstante, esta decisión ha irritado a las autoridades chilenas, lo que ha dado lugar a controversias legales y políticas bilaterales que se pueden entender, pero también a una serie de tensiones, cruces verbales y problemas de comunicación que no benefician a las relaciones que necesariamente deben mantener dos naciones vecinas; más aun considerando la intensidad de los vínculos humanos, migratorios, comerciales y culturales entre ambos países.
El llamado del Gobierno boliviano a restablecer las conversaciones sobre los problemas fronterizos y la respuesta positiva de Chile permitieron viabilizar la 13ª reunión del Comité de Fronteras, que se realizó en días pasados en la ciudad de Santa Cruz. En el encuentro se suscribieron acuerdos y agendas de trabajo sobre los flujos fronterizos, reposición de hitos, cooperación policial y aduanera, protocolos de incidentes en frontera y el compromiso de efectuar cinco reuniones técnicas en este año. El tono y las formas del diálogo fueron amigables y constructivas. Hay que reconocer el profesionalismo de los funcionarios que participaron en este evento.
Se debe trabajar con ahínco para que este primer paso confluya hacia una nueva etapa de la relación con Chile, en la que se pueda equilibrar inteligentemente la delicada gestión de la demanda marítima y la réplica boliviana a la cuestión de los manantiales del Silala, asuntos ambos que están siendo ventilados en la CIJ, con un diálogo permanente y pragmático que permita resolver problemas puntuales que están entorpeciendo el flujo de bienes bolivianos por los puertos del norte de Chile, la seguridad de las fronteras, la migración de personas y el comercio bilateral.
Sería igualmente deseable aprovechar este avance diplomático para limar asperezas en el lenguaje de todas las autoridades y políticos involucrados en estas temáticas. Ambos países pueden defender enérgicamente sus intereses sin caer en excesos verbales o en radicalismos inútiles, que terminan afectando a sus propios ciudadanos. Bolivia y Chile, de una u otra manera, necesitan aprender a dialogar sobre sus problemas e intereses comunes.
