El domingo, bajo amenazas explícitas de despidos en la sobredimensionada burocracia estatal de Venezuela, el uso del Carnet de la Patria (versión venezolana de la libreta de racionamiento cubana) como identificación electoral —su empleo fue otro mecanismo de coacción a los electores, porque la distribución de los escasos alimentos a precios subsidiados es atribución discrecional de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) maduristas, denunciados como discriminadores de los vecinos opositores—, la abrumadora propaganda oficial (sin espacio público para la opinión contraria), el alargamiento de la jornada electoral hasta tres horas para poder llevar “arriados” (más votantes); y, sobre todo, la cruenta represión contra cualquier disenso y manifestación, con la elección de delegados a la Asamblea Nacional Constituyente se cerró el ciclo chavista de la Revolución bolivariana, terminó de enterrarse al último caudillo latinoamericano y empezó otro que indefectiblemente será muy corto, despojado de los restantes visos de democracia formal.
Con al menos 10 personas asesinadas, según la Fiscalía General, y 15, según la oposición, el domingo, debido a la represión policial y de los “colectivos” (paramilitares enmascarados promovidos por el Gobierno que actúan sin control, acusados de cobijar a violentos delincuentes), además de un candidato y un policía, menos de la mitad del padrón electoral (41,53%, según la CNE, la página oficial el lunes no daba información alguna), y 12%, según la oposición) se eligió a los 545 delegados encargados de redactar una nueva Constitución (ocho indígenas, 364 territoriales y 173 “sectoriales”, al estilo corporativo de Mussolini y Franco y con la posibilidad de un doble voto por cada elector), todos oficialistas. Para ello, el gobierno de Maduro tuvo que saltarse los artículos 342 al 350 de la propia Constitución Bolivariana de 1999 (la que el difunto Hugo Chávez Frías proclamó como “una de las mejores del mundo”), en tanto dejó de ser funcional para la actual cúpula gubernamental.
La nueva Constituyente es la vía que el Gobierno encontró para disolver la Asamblea Nacional (abrumadoramente opositora), desmantelar los críticos en la Fiscalía General (incluyendo a Luis Ortega Díaz), reprimir a todos los líderes de la oposición que no les sigan el juego y silenciar a los pocos medios privados que no son progubernamentales, tal como advirtió Nicolás Maduro.
Pero es también un salto doble al vacío de la cúpula gubernamental: en lo interno, acabará con la legalidad que el chavismo instauró (gracias a los espacios que a Chávez y su movimiento le brindó la tan, por él, desacreditada democracia representativa de la Cuarta República); en lo externo, le ha granjeado el desconocimiento de muchos países al proyecto de Estado madurista, y utilizo “madurista” a falta de otra etiqueta, aunque Maduro Moros dista de ser el ideólogo de ello.
La urgente necesidad de un diálogo nacional que solucione la grave y creciente crisis y lleve a un imprescindible cambio de situación en Venezuela está cada vez más lejos, tanto por las pugnas en la cúpula gubernamental, como por la radicalización en el poder y el uso exclusivamente dilatorio de los dos anteriores intentos fracasados de diálogo de 2014 y 2016 (Maduro definió la Asamblea Constituyente como un “espacio de diálogo nacional”, pero donde, a satisfacción oficialista, solo tendrá una voz: la suya).
Quizás el mejor augurio estuvo en lo que le dio a Maduro la lectura electrónica de su carnet de la patria: “La persona no existe o el carnet fue anulado.
