Además de nuevos paradigmas de comunicación y de intercambio, la aparición de internet ha traído consigo nuevos delitos que evidencian la necesidad de actualizar la legislación penal en la mayoría de los países, así como las limitaciones de la tradicional justicia punitiva para hacer frente a crímenes que se gestan y se masifican en las redes sociales.
Por ejemplo, días atrás salió a la luz pública el brutal acoso que una muchacha de 13 años sufre desde mediados de mayo en Cochabamba, luego de que un adolescente de 16 años de su mismo colegio hiciera un fotomontaje con su rostro y el cuerpo de una mujer desnuda, el cual posteriormente fue difundido masivamente por las redes sociales. A raíz de este hecho, la muchacha empezó a ser acosada por estudiantes, varones y mujeres, de varios colegios de Cochabamba.
No se trataría del único caso, ya que, en palabras del abogado de la adolescente afectada, otras cuatro muchachas también habrían sufrido ataques similares. Sin embargo, por presión del agresor, de sus familiares y del propio director del establecimiento en el que estudian decidieron no denunciar este extremo.
Para colmo de males, según alerta la responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba (Andrea García), cabe la posibilidad de que el responsable de estos ataques quede en la impunidad, debido a su corta edad y al vacío legal para tratar delitos de esta naturaleza. Por ejemplo, siempre según la misma fuente, el Ministerio Público no aceptó la denuncia por pornografía presentada por el abogado de la muchacha de 13 años y está tratando el caso simplemente como “problemas de conducta”.
Como bien alerta García, si este caso queda en la impunidad, constituiría un pésimo precedente para los jóvenes que, amparados en su corta edad o en la influencia de sus familiares, no manifiestan ningún reparo en mancillar la dignidad de otras personas, especialmente muchachas de su entorno cercano.
Respecto a los delitos cometidos por adolescentes entre los 13 y 18 años de edad, los expertos aseguran que la mejor manera de tratarlos es a través de la justicia restaurativa (modalidad contemplada en el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente de julio de 2014, dicho sea de paso), y no a través de la justicia punitiva, que culpabiliza y castiga a los agresores.
En la justicia restaurativa el delito, más que una infracción contra una norma jurídica, es entendido como un daño en contra de una o varias personas y en contra de las relaciones interpersonales. De allí que los transgresores, antes que ser marginados de la sociedad, deben responsabilizarse por sus acciones, reparando en la medida de lo posible el daño cometido. Y en este proceso se debe incluir no solo al agresor, sino también a la víctima y la comunidad en general, con el propósito último de llegar a la reconciliación y a la reintegración de los infractores.
