Pese a los avances normativos en favor de los derechos de las mujeres, la sociedad sigue desarrollando formas de hostilidad hacia ellas, menoscabando de esta manera el goce efectivo de tales derechos, que ni son extraordinarios ni afectan los del resto de la humanidad. El estado de polarización del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo es muestra de ello.
En efecto, el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto ha denunciado recientemente que los centros de salud se han convertido en espacios hostiles para las mujeres que por una causa u otra se ven obligadas a interrumpir su embarazo. En lo que va del año se ha contabilizado 10 casos de mujeres que al acudir en busca de auxilio médico a causa de hemorragias supuestamente provocadas fueron denunciadas a la Policía y hoy afrontan procesos penales.
El Código Penal boliviano establece penas de hasta seis años de cárcel para quien se practica un aborto o ayuda a realizarlo, excepto en casos de violación, incesto o riesgo de vida para la madre. Actualmente está en debate el proyecto de ley del Código del Sistema Penal, que amplía las causales para el aborto impune para los casos en que la mujer se encuentre en situación de extrema pobreza, no cuente con recursos para la manutención de la familia, sea estudiante o tenga más de tres hijos, siempre dentro de las ocho primeras semanas del embarazo.
Lo que no especifica ni el actual ni el futuro Código es la obligación de los médicos de denunciar a sus pacientes cuando consideran que éstas pretenden interrumpir voluntariamente su gestación, máxime si se considera que con esta acción vulneran el derecho de las mujeres a su privacidad e intimidad e incumplen su obligación de preservar esa privacidad en el ejercicio de su profesión.
Aberrante es, por ejemplo, el caso de una adolescente que al ser llevada por su padre en busca de auxilio médico fue acusada de provocarse un aborto y fue enmanillada a la cama; ahora afronta un proceso penal. También el de aquella mujer, madre de cuatro hijos, que hoy está detenida junto a su marido por no querer más vástagos.
También lo es el que haya mujeres que temiendo esta injusta represalia del personal médico prefieran no acudir a un centro de salud. En El Alto se sabe del caso de una mujer que, habiendo tomado una pastilla que le provocó una hemorragia, prefirió quedarse en casa, lo cual le costó la vida.
Es inaceptable que haya médicos dispuestos a constituirse en guardianes de la moral ajena, quienes, alejándose de su deber de curar y salvar vidas, tomen el camino de castigar a las mujeres por el solo hecho de decidir sobre su cuerpo y su vida, sin considerar las circunstancias que fuerzan a esta penosa decisión. Se trata, pues, de una inaceptable agresión hacia todas las mujeres, que aun hoy siguen siendo vistas como simples reproductoras.
