Ante la crisis en el municipio de Achacachi originada por la exigencia de la liberación de un dirigente cívico y de dos profesores acusados de impulsar el enfrentamiento que tuvo lugar en esa localidad en febrero; junto al pedido de renuncia del alcalde, Édgar Ramos (MAS), el presidente Evo Morales propuso a los movilizados recurrir al mecanismo constitucional de la revocatoria de mandato, en lugar de exigir la dimisión del Burgomaestre.
El supuesto, reiterado por Evo, es que obligar a renunciar a una autoridad electa es una suerte de “golpe de Estado”. Lo que correspondería en este caso, y en otros similares con alcaldes cuestionados y situaciones de ingobernabilidad (como Camiri o Quillacollo), es activar una iniciativa popular para la convocatoria a referéndum revocatorio. Se dice fácil, pero no parece una opción viable ni atractiva en medio del conflicto. Ello implica no solamente abandonar la protesta, hoy encabezada por el reaparecido Felipe Quispe (El Mallku), sino también recolectar firmas, esperar plazos e ir a las urnas.
Asumiendo que los hoy movilizados podrían conseguir las 7.000 adhesiones requeridas para llevar al alcalde Ramos a una revocatoria de mandato, la principal limitación es de tiempos. El plazo para la iniciativa se inicia el 1 de diciembre, y entre obtener firmas, revisarlas y organizar el referéndum son necesarios ochos meses. ¿La crítica situación en Achacachi se aplacará con la promesa de votar a fines de julio de 2018?
