Las leyes son instrumentos esenciales para la resolución pacífica de los conflictos. Sin embargo, en varias protestas recientes se está intentan
do influir indebidamente en su aplicación o incluso evitar su cumplimiento. El Estado debe dialogar con la sociedad, pero teniendo siempre cuidado de que las normas no sean objeto de negociaciones indebidas.
En el último mes, la ciudad de La Paz ha sido el escenario de varios conflictos que están afectando su normal desenvolvimiento. Es casi un lugar común referirse en esos casos a la necesidad de diálogo o a las deficiencias de las autoridades en su manejo. Se habla menos de las reales capacidades del Estado para responder a algunas de esas demandas, e incluso si es deseable que algunas de ellas sean satisfechas.
No todas las inquietudes sociales son siempre razonables. Detrás de muchos conflictos de gobernabilidad municipal se esconden peleas de poder y de control de los recursos entre facciones locales que defienden intereses parciales. Es decir, estas controversias son evidencias, en primer lugar, del disfuncionamiento de las instituciones de gobernabilidad local y de la incapacidad de las propias comunidades para construir consensos mínimos entre los diversos grupos que las componen.
Frecuentemente al escalar el conflicto al ámbito departamental o nacional, lo que se busca es instrumentalizar a esas autoridades para que una parcialidad salga triunfante. Por esta razón las soluciones centralistas no suelen resolver satisfactoriamente tales problemas, solo los postergan o complican, pues el fondo de la cuestión es lograr acuerdos genuinos entre los miembros de una comunidad. Esto empeora cuando además se pretende forzar salidas mediante la vulneración de leyes.
No es razonable, por ejemplo, solicitar el cese de los procedimientos judiciales a los que podrían estar sometidos dirigentes o personas que han realizado acciones indebidas en un conflicto. Es justo demandar que la Justicia actúe con igual severidad con todos los involucrados, sin ninguna distinción, pero es inaceptable que se sugiera que haya una intervención externa para incidir en decisiones judiciales.
De igual manera, se olvida muchas veces que los procedimientos para procesar y remover autoridades locales tienen su fundamento en la garantía de principios como la presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso, que no solo protegen a una autoridad, sino a todos los ciudadanos, y en la necesidad de garantizar niveles mínimos de estabilidad y gobernabilidad en las administraciones locales.
Si alguien considera que estas limitaciones normativas ya no son válidas, el camino es su ajuste después de una discusión pública, no su vulneración mientras están vigentes. Ciertamente hay que contribuir a la resolución de los conflictos, pero no al costo de seguir debilitando el Estado de derecho.
