La región de las Américas es un polo atractivo para la inversión extranjera directa (IED). En 2012 y 2013 seis de sus economías (Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Chile y Colombia) figuraron entre las 20 principales economías receptoras de IED del mundo. EEUU y los Estados miembros de la Unión Europea son los mayores inversores a la hora de invertir en la región.
El sector terciario, o actividades económicas que proporcionan servicios a consumidores y empresas, es el principal sector receptor de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. El sector primario, que hace uso directo de los recursos naturales, es más importante para las economías de América del Sur.
Ahora bien, el impacto de la IED en el trabajo decente ha generado un debate considerable. En general, los gobiernos fundamentan sus estrategias para atraer inversión extranjera basados en la expectativa de los efectos positivos que ésta tendrá, sobre todo en la creación de empleo, en mejores condiciones de trabajo, en la productividad y los salarios, en la transferencia de tecnología y el aumento de las competencias de la fuerza laboral, entre otros.
Tanto la adopción y la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo como la promoción del diálogo social pueden evitar una carrera descendente en el empeño por atraer IED y por lograr el crecimiento económico.
Un instrumento internacional adoptado por gobiernos, trabajadores y empleadores que versa sobre el comportamiento empresarial en el mundo del trabajo es la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración EMN) de la OIT, actualizada este año.
Esta declaración abarca cinco ámbitos en los que las empresas, mediante sus inversiones y operaciones, pueden hacer importantes contribuciones. Éstas hacen referencia a la política general de los países (respecto a las normas internacionales y diálogo entre países de origen y anfitriones de la IED); promoción del empleo; formación profesional; condiciones de trabajo y de vida (salarios, prestaciones y SST); y relaciones laborales (libertad sindical, negociación colectiva, entre otros).
Las recomendaciones de la Declaración EMN están dirigidas a empresas, gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores, y apuntan a lograr un mayor alineamiento entre las políticas nacionales de desarrollo y las políticas corporativas.
También existen otros instrumentos y marcos internacionales que promueven la actividad de la IED responsable y sostenible, como los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Todo este cuerpo de recomendaciones garantiza que las empresas a nivel global reciban un mensaje consistente sobre las cuestiones laborales y de empleo, en el marco de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, en concreto con la consecución del Objetivo 8 de Promoción del Trabajo Decente.
Es coordinador país de la Oficina de la OIT para los Países Andinos.
