La agenda mediática de las últimas semanas en el Ecuador ha sido ganada por las acusaciones de corrupción en contra del vicepresidente Jorge Glas Espinel. Los medios han puesto en escena un tema delicado cumpliendo su tarea informativa, pero con evidentes excesos cuando operan otorgándose el rol de fiscalías/comisarías, y los periodistas de sheriffs/jueces, con programaciones acumulativas de incidentes expuestos por retazos. Y tal como ocurre en contextos de pluralismo polarizado, los tratamientos de los hechos están diferenciados según las dependencias financieras, las afiliaciones políticas o los (des)afectos de los medios y de los periodistas.
Por una parte está la tendencia inquisidora que cumplen los medios relacionados con los consorcios comerciales y sus partidos, que añoran la economía de libre mercado y los oligopolios multimediáticos. Su manejo sensacionalista de los hechos de corrupción en programas de alto rating convierte los incidentes en escándalos, basándose a veces en datos y otras, en presunciones. Son esquemas de posverdad y de primicia informativa en los que atrás quedó el recurso periodístico de la noticiabilidad, mientras está bien presente lo que la Ley Orgánica de Comunicación llama linchamiento mediático. Los periodisjueces, parapetados en la responsabilidad individual con sus propias convicciones, se ocupan de deslegitimar y de anticipar enjuiciamientos aduciendo una muy sui géneris idea de periodismo de investigación hecho de pruebas inacabadas y de entrevistas con políticos y opinólogos afines.
Otro modelo lo encontramos en la voz y mensajes del expresidente Rafael Correa y sus seguidores, que tienen en las redes sociales el espacio que los medios masivos les niegan o al menos secundarizan figurándolos en los imaginarios como los responsables. Esta tendencia busca explicar los procesos, además de implicar a otros actores en temas de corrupción como los de las fortunas en paraísos fiscales. No les es fácil agendar estos temas ni salir de una situación defensiva. Se esfuerzan en recordar que las investigaciones contra la corrupción se iniciaron durante su gestión de gobierno y aseguran fidelidades en su militancia.
Una tercera corriente, que podemos definir como moderada y oscilante, radica en el rol de los medios públicos (gubernamentales). El hilo de sus mensajes está en el pedido del presidente Lenín Moreno por una cirugía mayor a la corrupción, caiga quien caiga. A diferencia de otras experiencias donde los juicios a autoridades se desenvuelven en lo que Sutherland llama “delitos de cuello blanco”, donde los medios afines trivializan los hechos (eludiendo o distrayendo con otros temas, u otorgando un trato preferencial a los implicados con criminalizaciones sofisticadas), en este caso se tiende al tratamiento del tema en las instituciones responsables, como la Fiscalía y la Judicatura, para que los medios diseminen información desde estos espacios.
El resultado del funcionamiento de estos mecanismos de levedad analítica es de hartazgo, con abonamiento a las desconfianzas en la política y los políticos, y erosión de honras y legitimidades sin que necesariamente se traduzcan en sanciones sociales, sino más bien en atrincheramientos ciudadanos en sus respectivas militancias. ¿Deben los medios centrar sus acciones en la información de hechos verificables o es lícito que pretendan suplir las responsabilidades de la Justicia, a la que desacreditan, del mismo modo que ya ensayaron asumir los roles de la política?, ¿contribuyen así a esclarecer los hechos y cortarlos, como debe ser, o los fagocitan en el rating y la espectacularización de la vida?
