Días atrás se dio a conocer que al menos 200 jóvenes fueron estafados por un instituto privado al que se matricularon seducidos por la falsa promesa de que contaba con un convenio con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el cual les “garantizaba” el ingreso a esa casa superior de estudios. Sin embargo, esta promesa jamás se materializó.
A raíz de esta estafa, el rector Waldo Albarracín aclaró que la universidad a su cargo no cuenta con convenios de ingreso directo con ningún instituto, y lo propio sucede, o al menos debería, con el resto de las universidades estatales.
A su vez, el Viceministro de Educación Alternativa y Especial señaló que en el país existen solamente 67 centros privados acreditados para impartir cursos cortos de hasta 400 horas de aprendizaje, cuyas especialidades abarcan distintas áreas, desde computación y agropecuaria, pasando por corte y confección, carpintería y gastronomía, hasta cursos de conducción. Sin embargo, estos centros no pueden otorgar certificaciones académicas, sino solamente de aprendizaje. En cuanto al establecimiento cuestionado, la autoridad aclaró que no se encuentra legalmente establecido. Es decir que los estudiantes fueron engañados por doble partida, ya que los certificados que recibieron carecen de validez.
Al respecto no sobra recordar que la existencia de centros de este tipo no es una excepción. Por caso, en lo que va del año el Ministerio de Educación clausuró ocho institutos de educación técnica que funcionaban de manera ilegal. De igual manera, tiempo atrás La Razón publicó un reportaje que alertaba sobre la presencia de establecimientos privados cuya labor no es precisamente formar estudiantes, sino estafarlos.
Por ejemplo, una forma de engaño bastante extendida es el establecimiento de institutos “golondrina”, llamados así porque operan pocas
semanas o meses, tan solo los necesarios para recaudar el dinero de las inscripciones y luego desaparecer sin dejar rastro. Aparte de la matrícula y de la primera mensualidad, algunos estudiantes pagan incluso la totalidad del curso, por lo que el daño que sufren es aún mayor.
Otros institutos utilizan el chantaje para estafar a sus estudiantes. Cuando ingresan por primera vez, se les ofrece matrículas y mensualidades de bajo costo. Esto con el propósito de atraer a la mayor cantidad de alumnos. Pero a medida que avanzan los cursos se les exige pagos adicionales para el uso de libros y materiales específicos, seminarios, talleres y otros cursos extras.
Ahora bien, ante la incapacidad de las autoridades para evitar la proliferación de estos centros e institutos, urge que sean los propios jóvenes quienes velen por sus propios intereses, asegurándose de que el establecimiento y la carrera de su elección cuenten con la resolución ministerial correspondiente, que firmen contratos al momento de inscribirse para evitar pagos adicionales, y que exijan facturas por cualquier pago; entre otras medidas sencillas de prevención.
