El país todavía vive abstraído de las elecciones judiciales polémicas del 3 de diciembre. Salvo la información con sus familiares y personas de su entorno, los candidatos, y sus perfiles, purgan en el anonimato ante tanta sombra echada sobre sus espaldas durante el proceso de preselección. Lo cierto es que se viene la segunda elección de autoridades del Órgano Judicial del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por voto.
Como el primero en 2011, el proceso electoral en curso está plagado de cuestionamientos, desde su concepción, su viabilidad técnica o su propósito político. Más allá de la participación legítima y saludable del pueblo en la elección de autoridades del Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia y el TCP no colmaron las expectativas: persisten la injusticia, el hacinamiento de las cárceles y la corrupción interna (y el manejo político de la Justicia).
En los más de cinco años de experiencia de un Órgano Judicial y un TCP de autoridades elegidas por voto, casi nada cambió. Hasta el mismo gobierno de Evo Morales, que propició el voto para la elección de magistrados, expresó su disconformidad con sus acciones, hasta anunció un juicio —en las últimas semanas— contra magistrados que sentenciaron el caso Misiles, y la oposición se desgañitó en ese tiempo en señalar y denunciar que dichas autoridades elegidas por sufragio universal eran/son serviles al Gobierno.
No hubo ninguna consideración de todas esas referencias en la definición de la nueva convocatoria a elecciones judiciales, y el Movimiento Al Socialismo (MAS) propició todas las fases de la selección de postulantes con el discurso de la renovación del sistema judicial, como si se tratara de una primera experiencia, y con la aquiescencia de la oposición, que, salvo en la definición de la última lista de 96 candidatos a las cuatro instancias, fue parte esencial de las discusiones políticas.
Llama la atención el doble rasero de los partidos de oposición en el último tramo de la selección de candidatos. Habiendo sido parte muy activa del proceso previo, aunque desde el lado de la crítica, la llamada de atención y la descalificación, durante la sesión de definición aparecieron con el discurso del “voto nulo”, con el objetivo de deslegitimar algo que parecía tener su aval.
¿Pudo postular la oposición a “sus” candidatos como cree que hizo el oficialismo? Muchos de los candidatos fueron vinculados al MAS, algunos fueron funcionarios del Gobierno y la misma administración de justicia, y los pocos, desconocidos. En esas condiciones se presentan (bueno, fueron presentados) ante los electores.
Ahora, la decisión está en manos de la ciudadanía, que el 3 de diciembre permitirá un veredicto que, más allá de la simple elección de los cargos del Órgano Judicial y del TCP, definirá la fuerza política de la oposición y del oficialismo. La primera buscará capitalizar los votos nulos y blancos, y el segundo, los votos de respaldo —mejor si es mayoritario— a los candidatos y el consiguiente apoyo a la forma de elección de las autoridades judiciales.
Quiérase o no, las elecciones del 3 de diciembre serán un plebiscito de hecho, en el que los contendores del sistema de poder actual medirán sus fuerzas, a más de 11 años de la hegemonía del MAS y a más de dos años de la renovación del poder político, definidas para finales de 2019, ahora que el oficialismo encontró otro argumento más para pretender repostular a Evo Morales y buscar zafar el referéndum del 21 de febrero que le dijo no a ese propósito.
