La tendencia mundial de la reducción del hambre en los últimos 12 años (2003-2015) se ha estancado. Este retroceso se debe principalmente a los conflictos y eventos climáticos extremos, especialmente en África y Asia. Frente a esta situación y para lograr el objetivo de erradicar el hambre y la extrema pobreza de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030 se hace necesario garantizar la paz y fomentar sistemas agroalimentarios resilientes, advierte el informe El Estado de la Seguridad Alimentaria en el Mundo 2017 (SOFI por sus siglas en inglés). El número de personas subalimentadas en el mundo aumentó de 777 millones en 2015 a 835 millones en 2016, señala el documento.
La situación mundial de la seguridad alimentaria y las distintas formas de malnutrición de la población siguen siendo motivo de preocupación en el mundo. El sobrepeso en niños menores de cinco años se está convirtiendo en un problema creciente en la mayor parte de las regiones y la obesidad en adultos sigue incrementándose.
La proliferación de conflictos violentos que ha costado vidas humanas y afecta los medios de vida de las personas ha sido apuntada como la principal causa del aumento del hambre en el mundo. Una segunda causa, en el periodo 2015-2016, han sido los eventos climáticos extremos, como las sequías y las inundaciones relacionadas en parte con los fenómenos El Niño/La Niña en regiones como América Latina y el Caribe.
Para la ONU, una condición fundamental para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 2) , de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible al 2030 es lograr la paz y promover modos sostenibles, resilientes e inclusivos de producir y distribuir alimentos de manera justa para todas y todos. El Informe advierte que garantizar sociedades pacíficas e inclusivas (ODS 16) es una condición necesaria para erradicar el hambre para el 2030.
En el periodo 2015-2016, para los países de América Latina y el Caribe ha sido difícil mantener la tendencia en los avances de los indicadores de seguridad alimentaria que se había logrado en los últimos 12 años, principalmente debido a la desaceleración económica, resultado de la caída de los precios de los commodities que exporta la región y de la contracción económica mundial. Para el representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué, “la contracción económica impacta sobre el empleo y el ingreso de las personas. Además, afecta los ingresos fiscales con los consiguientes ajustes que reducen la capacidad de los gobiernos de mantener sistemas de protección de los hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad”. El aumento del precio de los alimentos también es un factor que podría estar incidiendo en las tendencias observadas, advierte Berdegué.
De otro lado, las severas sequías y sus efectos en los medios de vida de las familias rurales pobres explican en parte el aumento de la inseguridad alimentaria en la región. Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela fueron seriamente afectados por sequía, incendios e inundaciones en los dos últimos años.
La peor sequía de los últimos 25 años en Bolivia se dio precisamente entre 2015 y 2016. El Estado Plurinacional, en estrecha cooperación con la FAO, agencias de las Naciones Unidas y otros aliados estratégicos, impulsó un conjunto de políticas públicas para promover estrategias y acciones resilientes que hagan frente a la sequía. Esta articulación multisectorial involucró a los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, de Medio Ambiente y Agua, y de Defensa, además de los gobiernos subnacionales y organizaciones sociales, en especial a agricultoras y agricultores familiares indígenas originarios campesinos cuyos medios y sistemas de vida son vulnerables a los efectos de los cambios climáticos.
En este contexto, el SOFI 2017 advierte claramente la necesidad de cambios y renovación de los esfuerzos de los Estados para impulsar políticas públicas contundentes para lograr territorios sin hambre y sin malnutrición al 2030.
