Populismo y corrupción —generadores de desigualdad, otra constante— son dos males que, con carácter de endemia, sufrimos en Latinoamérica porque, más allá del tinte ideológico o la corriente política, los hemos tenido de izquierda, de centro —quizás los menos— y de derecha. La suma de ambos —unido a soluciones “rápidas y fáciles”— son uno de los factores que, con frecuencia, han imposibilitado el afianzamiento de nuestras democracias, a veces más etiquetas de discursos que realidades.
De las soluciones “fáciles”, estos días tuve un ejemplo que combina lo solidario, a primera vista, con resultados negativos. La fuente era un pedido en change.org que reclamaba que el dinero que el Estado mexicano daría a los partidos en las elecciones se dedicara a cubrir las necesidades de las víctimas del reciente terremoto; analicémosla.
El solicitante pedía que “el INE-Instituto Nacional Electoral done los casi 7.000 millones de pesos destinados a los partidos políticos en México a los damnificados de la tragedia”, lo que equivaldría a 388 millones de dólares. En realidad, la cifra es mayor si consideramos todo lo que recibirán los partidos políticos, tanto de fondos federales como estatales: 11.904 millones de pesos, poco más de 660 millones de dólares. A primera vista pareciera muy positivo pero un análisis rápido desfonda la idea.
Aunque a priori se me pueda acusar de insensible, es precisamente la solidaridad consciente la que me mueve a ello. Se calcula que el terremoto del 19 de septiembre de este año pueda costar hasta 1% del PIB mexicano —equivalente esto a más de 10,6 mil millones de dólares; el de la misma fecha en 1985 costó más de 5,6 mil millones de dólares a precios actuales. En principio, el Gobierno movilizó los 5 mil millones de dólares del Fondo Nacional de Desastres, a lo que se podrían sumar los 56 mil millones de dólares que cuentan las aseguradoras para este tipo de eventos —aunque el nivel de asegurados es bajo.
Visto desde la posibilidad muy cierta que el financiamiento ilegal —narcotráfico y empresarial prebendalista, entre otros, que aun con el financiamiento legal afloran su presencia— cubra el pretendido desfinanciamiento de las campañas —las de 2012 costaron (entre egresos y apoyos) más de 3 mil millones de dólares y crecieron 250% sobre las de 2006; de crecer así, y espero que no, las de 2018 costarían casi 8 mil millones de dólares—, la propuesta de desfonde es arriesgada y sumamente peligrosa porque las campañas no dejarán de realizarse y de alguna forma se financiarán. Sin embargo, la propuesta olvida —u obvia— que el combate a la corrupción —que “roba” a México entre 9 y 10% de su PIB, unos 100 mil millones de dólares por año— puede ser una excelente vía de recuperación de recursos, sobre todo si comparamos con Brasil y Lava Jato, donde en los más de dos primeros años se ha logrado recuperar 330 millones de dólares de los casi 2 mil millones de dólares desfalcados en el escándalo —aunque se calcula que los 10 años petistas, Petrobras perdió más de 13 mil millones de dólares.
Obvia respuesta. El escándalo de los sobornos de la Organização Odebrecht hizo visible la corrupción casi generalizada; de sus “beneficiados”, durante el periodo cuatro —los más corrompidos: 70%— fueron gobernados por socialistas del siglo 21 y afines con 515,5 millones de dólares: Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, dos por gobiernos de izquierda moderada: República Dominicana y Perú y cuatro —los menos sobornados (13%) pero no menos corruptos— por centroderecha y derecha: Colombia, Guatemala, México y Panamá.
