El problema de la Justicia en nuestro país tiene muchos componentes, de entre los cuales cabe destacar, por orden de importancia, dos fundamentales. En primer lugar están las normas jurídicas, las cuales establecen los ilícitos, las sanciones, los procedimientos y los recursos, entre otras particularidades. En segundo lugar están los administradores de justicia: magistrados, vocales, jueces, fiscales, etc. Ahora bien, para darle sentido a esta reflexión, resulta imprescindible asignarle un valor a estos dos componentes y así poder orientar las conclusiones.
La labor de las principales autoridades del Órgano Judicial —las cuales serán elegidas el 3 de diciembre en el país—, más allá de que tengan o no legitimidad (que deberían tenerla, pero ése es otro tema), es la de administrar la justicia, pero subordinados a la ley, por cuanto están jerárquicamente ubicados por debajo de la norma, según establece el sistema judicial de nuestro Estado.
Como consecuencia de esto, y no solamente por efectos de doctrina, sino también por la ingeniería institucional del Órgano Judicial, la norma está y debe estar siempre por encima de los administradores de justicia. Y no al revés, como quieren hacernos ver algunos juristas afines al partido en función de gobierno, para quienes la elección directa de los magistrados va a contribuir a resolver, al menos parcialmente, los grandes males de nuestra Justicia, impulsados por una motivación perversa que da lugar a la corrupción en todos sus niveles. Sin embargo, a mi entender esta metodología ahonda la crisis judicial, ya que al ser elegidos por voto popular, algunos magistrados se imaginan estar por encima de la ley.
Una vez hecha la valoración de los componentes referidos, cabe preguntarse, ¿si es de absoluta responsabilidad del Órgano Judicial el problema objeto de este análisis? La respuesta es no, la responsabilidad del Órgano Legislativo es mayor, pues esta instancia es la única con la atribución legal de crear leyes que puedan revertir el desastre en el cual se debate nuestra justicia. Y la pregunta de rigor es, ¿por qué el Movimiento Al Socialismo (MAS) tras 11 años de gobierno y tres gestiones legislativas (dos de ellas con más de dos tercios en la Asamblea), no ha podido cambiar el actual modelo de justicia, catalogado por ellos mismos como “podrido”, tan proclive a la corrupción?
Primordialmente, la Justicia no es cuestión de personas, ésta no va a cambiar mientras tengamos normas que den lugar a los sobornos, a las chicanas jurídicas y a la retardación judicial. No es un tema que se resuelva con mayores sanciones contra los malos administradores de justicia, la resolución de esta crisis pasa por crear normas con “inteligencia” que puedan combatir efectivamente los males referidos anteriormente sin afectar los derechos y garantías fundamentales de las personas. En fin, normas que hallen equilibrios virtuosos entre la prevención, la persecución, la sanción y la rehabilitación; equilibrios alejados de las actuales políticas gubernamentales, prueba de ello es la preferencia, los recursos y el bullicio que le brindan hoy en día al componente menos determinante de esta problemática.
