Cuando en la Constitución Política del Estado quedó escrito que el agua es un derecho humano fundamental, ingenuamente pensamos que de esa manera quedaba garantizado el abastecimiento de ese recurso para todos los bolivianos. La naturaleza y la falta de trabajo de las autoridades nacionales, regionales y locales se encargaron de demostrarnos lo contrario. Es decir que podemos tener muchos logros de papel, pero sin presupuesto, sin gestión, sin ejecución y sin mano de obra, esos buenos deseos son letra muerta o papel mojado.
La falta de previsión en el tema del derecho al agua fue evidente cuando en noviembre del año pasado 94 barrios de la ciudad de La Paz quedaron sin la provisión de ese vital elemento de forma absolutamente sorpresiva. Ese fue un problema originado en la falta de previsión. Las autoridades no fueron capaces de analizar técnicamente la capacidad de abastecimiento de agua para la ciudad de La Paz, cuando a simple vista las represas que surtían a los barrios afectados se estaban secando.
En Cochabamba la falta de agua no es ninguna novedad desde siempre. Solo que este año la promesa de Misicuni casi, casi terminó con la tradición, la zancadilla llegó con la falta de trabajo de quienes debieron disponer el cambio de ductos obsoletos por otros resistentes al potente bombeo de cientos de litros por segundo. Las autoridades encargadas del alcantarillado, descreídas de la realización del sueño cochabambino, no se percataron de que ese torrente de agua necesitaba reemplazar el viejo y corroído sistema. Reventaron los ductos, reventaron las tuberías. Faltó previsión y trabajo.
En Potosí la represa de San Juan, que abastece de agua a la ciudad, solo tiene reservas hasta mediados de octubre de este año. La minería está en riesgo de parar su labor de explotación, aunque la Federación de Trabajadores Mineros asegura que no suspenderán sus actividades porque la economía de Potosí y del país depende de ese trabajo. Ante este hecho, el Gobierno promete que invertirá más de $us 30 millones para ejecutar proyectos que eviten el desabastecimiento de agua en Potosí en el futuro. Pero la realidad del presente está lejos de las promesas. ¿Por qué no se ejecutaron estos proyectos antes?
El cumplimiento de la Constitución Política del Estado demanda trabajo profesional, serio y comprometido. Se necesitan opiniones técnicas despojadas de intereses personales o político-partidistas. Para que se hagan realidad los postulados de la ley mayor es necesario despojarse de egoísmos y mezquindades. Cuando se mezclan los intereses del partido con los intereses de la sociedad, se pierde la perspectiva del bien común, y en ese avatar perdemos todos.
