Ahora es la pretensión del MAS de anular cuatro artículos de la Constitución y cinco de la Ley del Régimen Electoral, a través de una acción presentada al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que atiza el debate político, encandila al oficialismo y pone nerviosa a la oposición.
Es otra de las jugadas políticas que somete al país a hablar muy temprano sobre las elecciones de 2019, que en tiempos constitucionales normales deberían celebrarse en diciembre, con candidatos de la oposición y el oficialismo (que no considere a Evo Morales) y bajo el mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) que evitó la modificación del artículo 168 de la CPE, y consiguientemente frenó la repostulación del Presidente y del Vicepresidente del Estado Plurinacional.
Esta pretensión expone una serie de argumentos y desnuda una situación complicada para los contendores, a pesar de la hegemonía del MAS: antes que nada, hasta donde las leyes establecen y la honestidad política exige, Evo Morales no tiene opción de ser candidato otra vez: la Constitución no permite una segunda repostulación (la primera del líder del MAS fue en 2014) y el referéndum del 21F cerró las puertas a esa posibilidad.
Su persistencia con la repostulación devela su fracaso en la construcción de cuadros políticos capaces de sustituir a Morales. El MAS ni se ha preocupado en esa tarea estructural, es que siempre consideró posible una repostulación a través de un resquicio pseudolegal. En esto, Morales nunca fue claro y directo cuando se le consultaba sobre su interés de buscar otro mandato, siempre decía/dice “el pueblo dirá”.
Al otro lado de la vereda, la oposición se encuentra madrugada por las intenciones del MAS. Como siempre, su condición es la reacción; nunca se ha preocupado por construir un liderazgo capaz de arrebatarle al MAS su fuerza política ni de plantear una propuesta alternativa al llamado proceso de cambio. ¿Quién puede atribuirse una fuerza capaz de hacer trastabillar siquiera a Morales?
En las encuestas, que no consideran su posición y condición (adelantó que no será candidato), el expresidente Carlos Mesa aparece con mejores perspectivas. Pero solo en los papeles, no es líder político, sí líder de opinión; está rodeado únicamente de quienes fueron sus colaboradores mientras fue presidente (2003-2005), no tiene partido ni militancia, y su viejo vínculo con Gonzalo Sánchez de Lozada, de quien fue su declarado admirador, sigue siendo su principal carga, por lo menos hasta antes de 2003.
El gobernador Rubén Costas sí tiene partido político, pero cuya militancia es más local que nacional. No ha logrado conquistar respaldos en el occidente. Es un potencial candidato, con una gestión aparentemente buena. Su defecto es haber sido parte de las movilizaciones de 2008 que visibilizaron actos racistas y discriminatorios.
Samuel Doria Medina, el eterno candidato y perdedor, acaba de sufrir un golpe político con la develación del supuesto costo de la venta real de Soboce a Chihuahua. Tiene partido político, representación legislativa y militancia. Su pasado “neoliberal” y “privatizador” le impiden aún ser una alternativa. No es cuadro de recambio político.
Luis Revilla acaba de aislarse de la oposición “tradicional”. Pretende construir una oposición “desde la izquierda”. Al proyectar a su agrupación política, Sol.Bo, al ámbito nacional se asemeja a lo que Juan del Granado hizo con el MSM: nunca pudo salir de La Paz. Sin embargo, tiene dos años.
De otros que podrían irrumpir, como es obvio, no se conoce nada. No están en el escenario político y, por lo tanto, no cuentan con capacidad de incidencia ni tiempo. Si el TCP hace lo que suponemos muchos, resguardar la Constitución, puede cambiar el escenario, y el MAS sufrirá una gran merma. Pero quien gane en 2019 deberá hacerlo con una mayoría sostenible; ya no son tiempos para las alianzas y la distribución de puestos en la administración pública.
