Casi un año y medio después de que se publicaran los Papeles de Panamá, un conjunto de documentos que demostró el uso de empresas off-shore para la evasión de impuestos y el lavado de dinero, en Bolivia una comisión parlamentaria acaba de terminar su investigación al respecto, revelando que desde 2015 al menos $us 1.134 millones fueron enviados a paraísos fiscales.
Fruto de la revelación hecha por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por su nombre en inglés) y un puñado de medios de comunicación de relevancia internacional, que provocó un remezón mundial al filtrar miles de documentos de la firma de abogados Mossak-Fonseca, especializada en la gestión de empresas establecidas en paraísos fiscales, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional se constituyó en cuerpo investigador, para descubrir que hay 558 casos de empresas e individuos que tienen cuentas off-shore.
De ese total, se identificó 11 casos conspicuos y se decidió indagar a profundidad seis, que involucran a grandes grupos empresariales bolivianos que habrían creado empresas para evadir el pago de impuestos. El legislador a cargo de liderar la investigación, al presentar los resultados de más de un año de trabajo, señaló que la población debe entender “que la existencia de cuentas en Bahamas, en las Islas Vírgenes y en Panamá, donde algunos de los grandes empresarios o políticos bolivianos se llevan su dinero, afecta inmediatamente a un ciudadano boliviano”.
Para comprender la gravedad del problema, la comisión reveló que se calcula que en los últimos 20 años se transfirió desde Bolivia a los muchos paraísos fiscales que hay en el mundo cerca de $us 20.000 millones, es decir un promedio de $us 1.000 millones por año que no aportaron a la economía nacional ni pagaron impuestos u otras obligaciones fiscales.
Uno de los casos emblemáticos fue el de la empresa Akapana SA, constituida en Panamá en 2015 para posibilitar la venta del 46,5% de las acciones de la cementera Soboce SA al Grupo Cementos de Chihuahua. Al realizarse la transacción de esta manera, la familia Doria Medina evadió impuestos por Bs 54 millones, según las conclusiones de la comisión.
Varios otros nombres vinculados a la política y a las más importantes empresas nacionales, como Marinkovic, Urenda, Romero, Kreidler, Dueri, Daher y Campuzano aparecieron en la indagación, y todos esos casos fueron remitidos al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para que culminen con el proceso de investigación.
Finalmente, ha quedado claro que Panamá no es el único destino del dinero que es ocultado del Estado, sino también que no todo el dinero puesto en cuentas off-shore es ilícito. Esto implica que deben mejorarse los sistemas de control financiero, tarea que la comisión ha encomendado a la UIF.
