Quienes se marginaron, primero, de la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) en la Asamblea Constituyente y, luego, propiciaron su rechazo en el referéndum de diciembre de 2008, hoy defienden el texto fundamental a capa y espada ante la pretensión del Movimiento Al Socialismo (MAS) de buscar la anulación de algunos artículos para habilitar a Evo Morales y Álvaro García a una eventual repostulación.
Todo es paradójico, como la actuación del oficialismo, que de abogar desde 2009 por la defensa a ultranza de la Carta Magna ahora se convirtió en el primer promotor para denunciarla por, supuestamente, violentar los derechos humanos de los mandatarios a una nueva postulación electoral al cargo que detentan desde 2006.
Días después de los acuerdos políticos para la aprobación de la CPE, en diciembre de 2008 en Oruro, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, anunció su objeción al texto constitucional y propició el No para el referéndum constitucional de enero de 2009. “La Constitución del MAS” era el argumento para rechazar el documento de cuyas consideraciones había participado hasta el final, como uno de los miembros de la Asamblea Constituyente.
Jorge Quiroga, entonces líder de Poder Democrático y Social (Podemos), había considerado a la Constitución como el argumento del MAS para el “totalitarismo” y el otrora prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, calificó de “farsa” a la Asamblea Constituyente y el resultado de sus deliberaciones: la Constitución.
La misma jerarquía de la Iglesia Católica negó antes el contenido constitucional por considerarlo atentatorio a la libertad de religión o apologista con relación al ateísmo y el laicismo. Uno de sus miembros, Ricardo Centellas, acaba de remover el avispero frente al oficialismo al señalar que hay que evitar que “los populismos poco a poco se vayan convirtiendo en dictadura”, en alusión al gobierno de Morales y del MAS.
Pero todos no tardaron en llamar al texto “la Constitución” y regirse con él en los actos particulares y la gestión pública.
Para el referéndum del 21 de febrero, que consultó a los bolivianos la posibilidad de modificar el artículo 168 de la CPE para habilitar al Presidente y al Vicepresidente a una nueva postulación, dichos líderes promovieron el voto por el No, que, con estrecho margen, fue victoria al fin. Fue la primera lid en defensa de lo que establece la Constitución: solo una repostulación electoral (Morales fue elegido con la nueva Constitución en 2009 y reelegido en 2014).
¿Defensa de la Constitución? Hay dudas de que esos políticos tengan ese fin supremo. Para nadie es ajeno su verdadero interés en la colateral defensa de la Carta Magna: quieren recuperar espacios de poder con una vía libre de Morales.
Nunca la oposición pudo articular un liderazgo capaz de arrebatarle el poder al MAS y a Morales. En esas condiciones, de escasa fuerza electoral y menos capacidad de propuesta, tuvo que nada más esperar que al oficialismo se le acaben los tiempos constitucionales, los 10 años de mandato.
Ese tiempo, según los plazos constitucionales, debería terminar el 22 de enero de 2020, con elecciones generales previas en diciembre de 2019. Hasta que el MAS presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para buscar la anulación de cuatro artículos de la CPE, la oposición tenía el camino expedito para presentar una opción electoral, aunque con serias dudas respecto de su potabilidad ante el techo que el MAS deja: una votación por encima del 50%. Un TCP en vilo tiene la palabra.
