El domingo, aprovechando la conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad en el país, miembros de este sector organizaron una marcha en la sede de gobierno para concientizar a la población paceña sobre un principio elemental que muchas veces es vulnerado: el hecho de que las personas con alguna discapacidad tienen los mismos derechos que el resto.
Y es que en la mayoría de las regiones quienes adolecen de alguna limitación física o mental suelen sufrir diversas discriminaciones, tanto en el ámbito laboral como social, y lamentablemente el país no es la excepción. Por caso, son muchos los hechos de intolerancia que cotidianamente enfrentan las personas que tienen dificultades auditivas en acciones tan sencillas como comprar un producto, solicitar un trámite o subirse a un minibús. Esto debido a que hay ciudadanos y funcionarios que no se esfuerzan por comprender el lenguaje que utilizan para comunicarse.
Y esta intolerancia incluso puede traducirse en actos terribles de violencia. Para muestra, basta recordar el linchamiento que sufrió un joven sordomudo de 25 años en la plaza principal de Viacha hace cuatro años, quien llegó a este lugar luego de quedarse dormido en el minibús que lo transportaba hasta su hogar, en El Alto. Y al no poder explicar con palabras su presencia en ese sitio a altas horas de la noche, fue asesinado por una turba enardecida. Igual “suerte” corrió Carlos Llano Rodríguez, de 32 años, en el barrio de San Luis de El Alto, quien padecía brotes psicóticos esquizofrénicos que lo impulsaban a recorrer las calles en busca de una mujer y de dos hijos que nunca tuvo.
Asimismo, no son pocos los obstáculos que una persona invidente tiene que sortear al transitar por las ciudades del país: desde vehículos dirigidos por conductores que no respetan las normas en favor de los transeúntes, pasando por puestos de venta, basureros, cabinas y postes de luz instalados en la vía peatonal, hasta baldosas desniveladas y bocas de tormenta descubiertas.
Y por si todo ello fuera poco, suelen ser víctimas de discriminación en el ámbito laboral, público y privado. Para contrarrestar esta situación, el Gobierno sancionó una norma según la cual al menos el 4% de la planilla laboral de todas las instituciones públicas debe estar conformada por personas con discapacidad. Sin embargo, al igual que muchas otras normas, en muchas entidades gubernamentales esta ley no se cumple o se lo hace parcialmente. Por ejemplo, según denunció días atrás la Defensoría, hasta diciembre de 2016 solamente seis de los 20 ministerios cumplían este porcentaje, así como solo cuatro de las nueve gobernaciones.
En suma, además de medidas para efectivizar las leyes que existen en favor de las personas con discapacidad, urge una mayor empatía en el resto de los ciudadanos, a fin de que tomen conciencia sobre los problemas que este sector de la población debe enfrentar todos los días.
