La recaptura de Raqqa, el principal bastión del Estado Islámico en Siria, por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias es el último desarrollo en la terrible guerra civil en el que ha estado sumido el país árabe hace seis años. Qué implican estos eventos para la dinámica del conflicto, queda por verse. Tristemente, lo que sí es evidente es que aún no hay un final a la vista para la violencia en Siria.
La magnitud del sufrimiento es difícil de imaginar. El conflicto en Siria ha dejado más de 400.000 muertos, 13,6 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria y más de 5 millones de refugiados. Todos recordamos las devastadoras imágenes de la ofensiva contra Alepo en septiembre de 2016 o el ataque con armas químicas contra Khan Sheikhoun en abril de este año, el último de una serie de ataques de ese tipo. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional frente a tan grave crisis humanitaria?
Mi opinión personal, y por supuesto la del Reino Unido, es que tenemos la obligación moral de enfrentar estas situaciones trágicas. Para responder a la crisis humanitaria es necesario hacer mucho. El Reino Unido ha comprometido 3.200 millones de dólares en asistencia humanitaria desde el 2012. Esta ayuda está contribuyendo a cubrir las necesidades inmediatas de las personas vulnerables en Siria y de los refugiados sirios en la región.
Pero en otro flanco, es necesario que la comunidad internacional actúe para lograr una paz duradera. El Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano que lleva la batuta en lo que se refiera a paz y seguridad a nivel internacional. Aunque es cierto que poco se va a lograr sin un compromiso genuino de las partes para lograr una solución política, sí existen acciones y medidas que puede tomar, como ser investigaciones y el nombramiento de enviados especiales; y de ser necesario, sanciones económicas y embargos de armas. En el caso de Siria, el Consejo ha aprobado por unanimidad más de 20 resoluciones desde que comenzó la guerra.
Sin embargo, la adopción de resoluciones no está exenta de controversias y muchas veces no se logra el consenso. Por ejemplo, solo este año Rusia ha bloqueado dos resoluciones sobre Siria usando su derecho al veto. La primera fue en febrero sobre la imposición de sanciones a los responsables por la producción y el uso de armas químicas (China también se opuso), y la segunda fue en abril condenando el ataque químico de Khan Sheikhoun y demandando la cooperación de todas las partes con la investigación. Bolivia, que actualmente está en su primero de dos años como miembro no permanente del Consejo, también votó en contra de esas resoluciones.
El Mecanismo Conjunto de Investigación fue establecido por el Consejo de Seguridad y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas en 2015. Su mandato es identificar individuos o grupos que estuvieron involucrados en el uso de armas químicas y éste expira a mediados de noviembre. Yo espero que se logre adoptar una resolución que renueve este acuerdo para que puedan continuar las investigaciones. También espero que en el futuro el Consejo adopte medidas para tomar acciones contra aquellos que el mecanismo considere responsables del uso de armas químicas. El riesgo es que el fracaso del Consejo para acordar este tipo de acciones hace más posible que Siria, y tal vez otros países, use este tipo de armas nuevamente.
Es de vital importancia que la comunidad internacional trabaje unida a través de sus instituciones como el Consejo de Seguridad. Bolivia tiene este año y el próximo la oportunidad de apoyar directamente propósitos positivos y pragmáticos que contribuyan a salvar vidas y asegurar el acceso a la ayuda humanitaria en Siria. Seguramente, el Gobierno boliviano quisiera poder decir a finales de su gestión que pudo contribuir a este legado.
