El multimillonario desfalco en el Banco Unión, descubierto y denunciado semanas atrás, sigue produciendo noticias de primera plana casi cotidianamente. El hecho ha inspirado innumerables expresiones de escarnio del principal acusado del delito, pero también de las autoridades gubernamentales. Lo cierto, sin embargo, es que se trata de males generalizados en la sociedad.
En efecto, supuestamente sin ayuda de nadie Juan P. logró desfalcar Bs 37,6 millones, demasiado dinero como para pasar desapercibido, demasiado como para que los controles del banco no hubieran detectado que los números no cuadraban. Incluso el ahora acusado tuvo tiempo de iniciar diversos negocios dentro y fuera del país y, sobre todo, darse una vida de lujos y documentarla públicamente. Nadie parecía darse cuenta.
Con el paso de los días comenzaron a aparecer las y los cómplices, y poco a poco fueron detenidos. Sin embargo, tuvo que intervenir el Presidente del Estado para que las autoridades de hacienda comiencen a limpiar la casa desde adentro, investigando y echando a quienes parecen haber sido también cómplices del desfalco. Inevitablemente esta demora en atender la crisis en el banco ha dejado la imagen de que hay algún grado de encubrimiento.
Poco importa si es cierto o no, la idea ya ha sido propagada en los ámbitos de opinión pública y, previsiblemente, son las y los portavoces de la oposición política quienes medran con estas ideas. A su vez, los medios de comunicación, de manera generalizada, se olvidan de situar esas declaraciones en un contexto que ayude a comprender que no se trata de actos inéditos y que este comportamiento tampoco es atributo exclusivo de las y los militantes de una tienda política en particular.
Ocurre que, como sucede en muchas partes del mundo, la codicia parece haberse convertido en la motivación principal de las personas en las sociedades contemporáneas, y muchas de ellas están dispuestas a sacrificar valores éticos universales a cambio de beneficios materiales que, además, pueden ser exhibidos, fomentando la ambición y la pérdida de escrúpulos de más personas.
En el camino no es extraño ver que la impunidad termina por imponerse, ora por la negligencia e irresponsabilidad de fiscales y policía (el avance del caso del Banco Unión es un buen ejemplo), ora por la venalidad de estos mismos agentes, como se ha demostrado en innumerables casos similares, en éste y en otros gobiernos.
Urge, pues, no solo una investigación ejemplar y una sanción apropiada para los autores del desfalco, sino también extremar los recursos para recuperar lo robado, pues de otro modo la gente podría interpretar que vale la pena el riesgo, e incluso unos cuantos años en la cárcel, a cambio de gozar luego de una fortuna. El modo de hacer tal cosa posible pasa por una revolución moral, pero cuesta identificar quién puede ponerle el cascabel al gato.
