De un tiempo a esta parte, resulta cada vez más frecuente leer algunas opiniones y consideraciones sobre el proceso autonómico en Bolivia. La mayor parte de las veces es para hacer hincapié en que este proceso está “congelado” o “estancado”. Otras voces se refieren a un “retroceso” cuando intentan contrastar la asignación competencial de la Constitución frente a deseos y aspiraciones federales que estaban plasmados en el estatuto autonómico departamental de Santa Cruz aprobado en 2008. Finalmente, no faltan quienes se decantan por afirmar que las autonomías son una falacia. Muy pocos son quienes deciden escudriñar de manera ecuánime las luces y sombras de un proceso altamente complejo, de la transformación del Estado en todos sus niveles que da paso a la dispersión territorial del poder y a un progresivo fortalecimiento de los gobiernos subnacionales.
Los primeros, los más pesimistas, dan a entender que analizan este proceso desde un enfoque lineal —siempre ascendente— que desconoce intencionalmente las vicisitudes por las que transita cualquier transformación estatal. Quizá sea necesario dejar por sentado, de una vez por todas, que el proceso autonómico no es un fin en sí mismo o una panacea, sino un medio idóneo para generar un desarrollo socioeconómico integral del país a través del empoderamiento del nivel subnacional, en la medida en que se dota de cualidad gubernativa, se eligen a las autoridades de manera democrática, los recursos económicos son administrados autónomamente, y se asignan competencias para ser ejercidas al igual que las facultades para legislar, reglamentar y ejecutar.
Está claro que la autonomía no es un proceso unidireccional, de arriba hacia abajo, sino que es, sobre todo, un proceso más complejo que implica su retroalimentación de abajo hacia arriba. Pero la tarea no es para nada sencilla, porque supone, inicialmente, cambiar las estructuras mentales de las autoridades y de la sociedad civil, sus inclinaciones y disposiciones, que a la fecha siguen moldeadas, en cierta medida, por las funciones político-administrativas de un Estado centralizado.
No obstante, cabe señalar un aspecto fundamental que hace al perfeccionamiento y a la cualificación del proceso autonómico que generalmente pasa desapercibido para la mayoría de los opinadores: la calidad en cuanto a la producción legislativa desde múltiples centros decisorios a nivel departamental y local. En ese contexto, siguen siendo desafíos pendientes para los gobiernos subnacionales la producción legislativa de normas regulatorias para el ejercicio efectivo de sus competencias antes que las normas declarativas o administrativas; la puesta en vigencia de sus normas institucionales básicas (estatutos y cartas orgánicas municipales); y la mejora de sus capacidades de gestión institucional. Si bien estas cuestiones pueden ser apoyadas desde el nivel nacional, son, en definitiva, responsabilidades exclusivas de los gobiernos autónomos subnacionales.
En la actualidad se encara un histórico proceso de diálogo del pacto fiscal. Producto de este diálogo ya se alcanzaron acuerdos y consensos para la mejora de la gestión pública y su desburocratización. De allí saldrá una agenda legislativa para impulsar gradualmente los cambios normativos requeridos para ese propósito. Asimismo, los cambios normativos incorporan a las autonomías indígenas originarias campesinas, especialmente en lo que se refiere al andamiaje institucional y a las formas de organización de cada una de ellas, manifestación expresa del Estado Plurinacional. Por ello, ya existe también consenso de contar con una Ley de Gestión Pública, que modifique la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley Safco), que tenga coherencia y correlato con el modelo de Estado autonómico. Finalmente, el proceso autonómico en Bolivia tiene tan solo siete años de vigencia, y para profundizar su contenido necesita del concurso de todas y todos en Bolivia.
