El 15 de octubre pasado, Venezuela celebró sus comicios regionales, novenos desde el advenimiento del chavismo, que estaban pendientes desde el año anterior. A cualquier observador saltan tres preguntas sobre estas elecciones: ¿por qué no se habían realizado en la fecha correspondiente? ¿Por qué se realizaron ahora? Y, más debatible, ¿por qué participó la oposición?
Para la primera pregunta, la respuesta es que el oficialismo no tenía la seguridad de ganarlas, sobre todo después de la abrumadora derrota que sufrió en las elecciones legislativas de 2015; y por eso las atrasaba indefinidamente, con la abierta complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para la segunda, porque luego del “éxito” fraudulento en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (denunciado incluso por Smartmatic, la empresa que desde 2004 y hasta entonces realizaba los conteos electrónicos) y asegurado el recuento favorable, además del desgaste ciudadano por las protestas que entre abril y agosto tuvieron en vilo al régimen, el Gobierno tenía las condiciones para asegurar su triunfo.
Para la tercera pregunta (¿por qué la oposición participó en los comicios regionales a sabiendas de que iban a ser fraudulentos?), hay más de una respuesta. La primera que se arguyó fue que cuando los partidos opositores, encabezados por Acción Democrática, no participaron en las legislativas de 2005 alegando “falta de confianza en el CNE y de garantías para el voto secreto”, dejaron abierta las posibilidades para que la Asamblea Constituyente, que resultó absolutamente oficialista, tomara las medidas que el Gobierno solicitaba sin ninguna objeción. La otra justificación para participar ahora fue que esas elecciones habían sido una de las banderas de la oposición junto con el abortado referéndum revocatorio.
Previo al proceso electoral, hubo reiteradas denuncias de irregularidades por parte del CNE. No obstante, los partidos de la MUD presentaron candidatos en 16 de los 23 estados, en los que, a pesar de abrumadoras diferencias con los exit polls, el CNE proclamó a 18 gobernadores del Gran Polo Patriótico oficialista y a cinco opositores (cuatro eran de Acción Democrática).
Tras ello, el Gobierno ordenó que los nuevos elegidos fueran juramentados por la Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, como fija la Constitución de 1999. Este requisito fue rechazado públicamente por la MUD por desconocer su legitimidad, pero de todas maneras los cuatro gobernadores electos de AD aceptaron esa condición (el quinto, Juan Pablo Guanipa Villalobos, de Primero Justicia, se negó y fue destituido), bajo el argumento “de petición de sus electores”, agravando la crisis en la coordinadora opositora, la peor desde su constitución en 2008, con lo que hace imprescindible una profunda reorganización de los movimientos y partidos enfrentados al oficialismo y el cambio de coordinación política.
Como Esaú en el Génesis, los cuatro vendieron su legitimidad. Pero el plato de lentejas poco les durará, porque, como anunció el presidente Maduro, los “ayudará” con estructuras de gobierno paralelas, como hizo Chávez contra el alcalde opositor electo de Caracas en 2003.
También, y con ello respondo a un lector que consideró democrático al actual régimen venezolano porque realiza elecciones con presencia opositora, es bueno recordar que “electoralismo” no es democracia: Trujillo, Somoza y Batista (epítomes, pero no los únicos) celebraron muchas “elecciones” que incluían a tímidos opositores (asaces cómplices) y las ganaban abrumadoramente.
