La reforma judicial no puede esperar más. Han pasado nueve años desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, 12 del inicio del “proceso de cambio” y nada ha mejorado. Seguimos en un contexto de predominio de los órganos políticos frente a un Órgano Judicial y demás instituciones judiciales debilitadas por sus propias acciones y omisiones frente al poder político.
A partir de allí, el criterio es que los magistrados que resulten elegidos el 3 de diciembre deberán liderar la reforma judicial, pero con el apoyo y en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional, y no bajo un esquema de imposición o sometimiento. Las nuevas autoridades judiciales deben eliminar del escenario de coordinación y cooperación interinstitucional cualquier forma de injerencia. Les corresponderá también, por ser una necesidad en ejercicio y lógica democrática, impedir que sigamos con reformas judiciales cosméticas, mediáticas y coyunturales.
Es posible alcanzar este reto mayor si las nuevas autoridades reconocen la situación de crisis estructural de la Justicia y promueven la realización de este ejercicio y reconocimiento en la universidad pública y privada, en los gremios de abogados y medios de comunicación. De estos sectores deberían surgir pautas que, sumadas a las de la sociedad civil, ayuden a programar acciones que transformen en el mediano y largo plazo las condiciones críticas que hoy impiden el acceso efectivo a servicios de justicia justos y oportunos. Insistimos en que no se han impulsado reformas judiciales exitosas sin la participación activa y específica de estos sectores en el proceso de reestructuración.
La insuficiente democracia boliviana no va a mejorar si los políticos, el Gobierno y otros sectores de poder no priorizan la reforma judicial y la promueven desde el enfoque de política pública. Urge comprender que resulta cada día más peligroso para la gobernabilidad del país que los jueces pierdan credibilidad de manera creciente entre la opinión pública y que el respaldo social del que deben gozar se esté convirtiendo en rechazo y desconfianza generalizada.
Por la forma en la que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha llevado a cabo el proceso de preselección de candidatos, resulta imperativo generar legitimidad para las nuevas autoridades judiciales, y el establecimiento de las alianzas antes mencionadas puede contribuir a ello.
Para proteger las instituciones judiciales de las presiones que hemos presenciado en los últimos años y en el pasado se necesita generar un ámbito de participación ciudadana informada que transforme (con acciones concretas), confíe y afiance mecanismos de control social de la Justicia. Pasa también por propiciar el liderazgo judicial en su propio proceso de reforma con la fuerza legitimadora, la cual solo la puede dar la contribución de la sociedad civil y la validación social durante su transcurso.
Los órganos políticos (Gobierno y Congreso) deben servir al proceso de reforma integral del sistema de Justicia, promoverlo facilitarlo, respaldarlo y ya no instrumentalizarlo como ha ocurrido hasta hoy. Aún estamos a tiempo para reforzar la democracia en el país; las nuevas autoridades judiciales constituyen una oportunidad antes de que los déficits democráticos cedan a una autocracia.
