No resulta fácil admitir que la dinámica de los mercados financieros tiene muchas fallas, por eso en el mundo no existe sistema financiero perfecto. Por ende, las entidades financieras también están expuestas a una gama de riesgos que son propios de la actividad de intermediación financiera. Es decir que no se puede evitar que ocurra un evento de riesgo en una entidad financiera, solo se puede disminuir la posibilidad de ocurrencia de un evento adverso que le origine pérdidas, a través de una adecuada gestión integral de riesgos, que hace que un riesgo inherente se convierta en riesgo residual.
Cuando se menciona la palabra “riesgo”, implícitamente se asocia dicho término con un posible peligro, daño, siniestro o pérdida. Por ello no es fácil explicarle al ciudadano de a pie que la posibilidad de que ocurra una pérdida en una entidad financiera sea una realidad latente, pues inmediatamente le genera una sensación de inseguridad y desconfianza. Más aún cuando la historia de la banca privada y estatal en nuestro país se encuentra marcada por episodios oscuros, que van desde la entrega de créditos vinculados (que originaron una ola de quiebra de bancos en los 90), hasta el desmantelamiento de la banca estatal debido a problemas de corrupción e ineficiencia en la administración; lo que por ejemplo ocasionó el cierre de los bancos Agrícola de Bolivia, Minero de Bolivia y del Banco del Estado, entre otros.
En este contexto histórico, en un principio fue todo un desafío para el Gobierno Nacional romper con estos paradigmas heredados del pasado y generar credibilidad y confianza en la población, no solo en la gestión transparente y eficiente del Banco Unión S.A., sino lograr que el entonces único banco con participación mayoritaria del Estado (ya que el Banco de Desarrollo Productivo aún no estaba funcionando como tal) pueda competir sanamente y en igualdad de condiciones con la banca privada, pero además, garantizando su rentabilidad y la generación de utilidades.
Durante estos años, los esfuerzos institucionales del banco de los bolivianos para alcanzar estos desafíos fueron importantes y necesitaron de una adecuación dinámica de sus políticas, estructura y tecnología, con una visión de crecimiento a largo plazo, pero fundamentalmente con la misión institucional de contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso universal a servicios financieros.
Empero, así como no está bien minimizar el hecho delictivo de apropiación indebida de fondos financieros cometido de manera deliberada por un mal funcionario (Juan Pari) que desfalcó Bs 37,6 millones al Banco Unión, tampoco está bien dejar de lado todos los avances y logros conseguidos por esta entidad financiera, hasta lograr su afianzamiento como una de las más sólidas y solventes del sistema financiero nacional.
Debemos tener siempre presente que la posibilidad de que ocurra un fraude crediticio, un fraude interno, externo o cualquier otro evento de pérdida en las entidades del sistema financiero está latente debido a la naturaleza del negocio. Lamentablemente, tenemos que convivir con la posibilidad de que ocurran hechos delictivos de fraude bancario, en algunos casos con la autoría o complicidad del personal de las entidades financieras, que aprovechando el conocimiento y la información institucional, no pierden la oportunidad para vulnerar los mecanismos de control interno y delinquir. Precisamente, ello justifica que cuatro de los seis nuevos tipos penales incorporados en el capítulo de Delitos Financieros de la Ley 393 de Servicios Financieros estén dirigidos a sancionar conductas antijurídicas de directivos o empleados de entidades financieras, incluso con sanciones más severas que otros delitos de índole económica.
Sin duda, el desafío para las entidades del sistema financiero está en fortalecer la gestión y el control de estos riesgos de manera efectiva, en función a su naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones. En tanto, la buena salud del sistema financiero se mantiene estable, sólida y solvente. Se continúa registrando buenos niveles de crecimiento en las operaciones de depósitos del público, con un incremento del 8% en relación a la pasada gestión; y en cartera, con un crecimiento del 17%. Seguimos registrando uno de los más bajos índices de mora en la región (1,9%) y altos niveles de cobertura en previsiones. El coeficiente de adecuación patrimonial (CAP) se mantiene muy por encima del mínimo del 10% exigido por la Ley 393 de Servicios Financieros, y las utilidades representan niveles de rentabilidad de 1,3% de los activos y 16,2% del patrimonio.
Es directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).
