En julio salió a la luz pública el drama vivido por Reynaldo Ramírez por causa de la (in)justicia boliviana. Este joven potosino fue condenado a 30 años de presido por supuestamente asesinar a una mujer a la que nunca había conocido. Durante más dos años estuvo recluido en el penal de Palmasola hasta que un policía probo logró atrapar al verdadero culpable del feminicidio que se le inculpaba. Tras su liberación, se supo que el proceso en el que lo condenaron estuvo plagado de irregularidades y denunció haber sido torturado por varios policías que le “arrancaron” una confesión cuando fue aprehendido en mayo de 2015.
Y ahora último este drama se ha vuelto a repetir pero con otro nombre. En esta ocasión fue Edmundo Vélez Andane quien denunció haber sido agredido por varios policías que supuestamente le pusieron una bolsa en la cabeza mientras lo golpeaban en el vientre para hacerle confesar un homicidio que no había cometido. Y al igual que Ramírez, Vélez fue puesto en libertad gracias a la identificación del verdadero homicida. En ambos casos los fiscales que los inculparon les pidieron disculpas, a tiempo de justificar sus acusaciones alegando haber cumplido con lo que manda la ley.
Lo más lamentable de todo es que previsiblemente las cárceles bolivianas están atiborradas de reclusos inocentes como Reynaldo, cuya libertad, dignidad y sus sueños son enterrados durante años e incluso en algunos casos de por vida por causa de policías, jueces y fiscales incapaces de realizar su trabajo con responsabilidad y transparencia, preocupados por llenar los penales y sus bolsillos antes que por ejercer justicia.
