Hace 10 días participé del programa Piedra, papel y tinta, auspiciado por La Razón. Se trató el tema de la corrupción. En ese contexto mencioné a la Ley 1178 del 20 de julio de 1990, mejor conocida como Ley Safco, la cual regula el modelo y sistemas de administración de bienes y recursos del Estado, además de establecer el régimen de responsabilidad por la función pública. Esta norma fue elaborada y promulgada en un momento muy particular.
Recordemos: desde 1985 empieza una disminución del aparato productivo público, el número 21060 ha quedado grabado en la memoria de miles de bolivianos que fueron “relocalizados”, junto con los miles de bolivianos despedidos desde entonces y durante la década de los 90 por el achicamiento del Estado. En 1992 se promulgó la Ley de Privatización; en 1994 la famosa Ley de Capitalización; en 1995 se vendió el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) a la VASP y empezó la historia de capitalizaciones y privatizaciones: ENDE, Enfe, Entel, YPFB, etc. Es decir, la llamada Ley Safco fue pensada para un Estado que desmantelaba su base productiva, sus empresas y, en consecuencia, pasaba a vivir de los impuestos. A ello se denominó programa de ajuste estructural.
Entonces, tanto la Ley Safco y sus decretos respectivos fueron pensados para un Estado pequeño, mínimo, que debía cuidar con recelo sus recursos. Recordemos que esta ley era parte del conjunto de recomendaciones del FMI y del Banco Mundial que llevaron a la crisis no solo de este país, sino de otros (recuérdese a la Argentina de finales de los 90).
Entonces, el argumento que sostuve en el programa Piedra, papel y tinta se basaba en esta reflexión: la normativa sobre administración de recursos y bienes del Estado no fue pensada para un Estado tan grande como es el actual, sino para uno pequeño, como era el Estado boliviano de los 90.
¿Por qué si actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia es el más grande empleador y uno de los mayores inversores de la economía boliviana no se cambió la norma? La verdad, no lo sé, pero intuyo que por la mala fama que tenía la administración pública neoliberal y porque la palabra corrupción vende bien. Y en vez de reformar la Ley Safco se la endureció, con normas como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Dicho de otro modo, se trató con normas penales un déficit de normas administrativas. Bolivia precisa de un Derecho Administrativo serio.
- * es abogado y filósofo
El mal diseño de las normas administrativas nos distrae con procesos tontos de olvidos de declaración jurada, retrasos de más de 30 minutos al mes, o por no haber presentado el pase a bordo del avión; es decir, se concentra en procesar y perseguir minucias y no nos permiten actuar frente a casos complejos de corrupción.
