Días atrás, el Consejo de la Magistratura publicó escalofriantes estadísticas de la labor de las y los administradores de justicia en el país: en el quinquenio 2012–2016, prácticamente una de cada dos audiencias programadas fue suspendida por ausencia de una de las partes u otro motivo administrativo. He ahí la primera causa de la retardación de justicia en el país.
Los datos a los que accedió este diario muestran que entre 2012 y 2016 en todos los juzgados del país se convocó 309.300 audiencias, de las cuales 151.800 (49%) fueron suspendidas. En el 44% de los casos la cancelación se debió a la ausencia de alguna de las partes en conflicto; en el 16%, por la inasistencia del representante de la Fiscalía; en el 14% fueron los jueces quienes no se presentaron; en el 11% se debió a alguna falla del notificador; y en el restante 15%, por alguna otra causa no detallada.
Es bien sabido que uno de los males de la justicia boliviana es la retardación causada por las chicanas de los abogados que representan a las partes en cualquier litigio. El principal efecto de estas prácticas es impedir el avance del proceso, a menudo con la intención de provocar que la otra parte, frustrada, abandone la causa.
Una de las integrantes del Consejo de la Magistratura explica que, a su entender, existen dos actores principales detrás de este problema: por una parte, los litigantes y sus abogados, quienes buscan retardar el proceso ora por ignorancia, ora por sobrepasar los plazos procesales hasta extinguir la causa. Por otra parte están los administradores de justicia, cuyas ausencias se explican por la alta carga laboral y la falta de preparación de los trabajadores de los juzgados para agilizar los procesos.
Es precisamente por este tipo de indicadores que, según se supo días atrás, la organización internacional World Justice Project (WJP) ubicó a Bolivia entre los 10 países con peor justicia en el mundo. Tal vez sea posible discutir los métodos e indicadores del WJP, pero no cabe duda de que la justicia boliviana inspira todo menos satisfacción.
Datos como los que aquí se comentan adquieren particular relevancia en tiempos como los que corren, a pocos días de la segunda elección judicial, cuando la población deberá elegir a las máximas autoridades de las cuatro instituciones del Órgano Judicial, quienes a su vez deberán hacerse cargo de la desprestigiada justicia boliviana.
Aunque, desafortunadamente, la exposición de datos sobre la formación profesional, antecedentes laborales o la experiencia docente de las y los candidatos no sirve para conocer sus actitudes, sí es posible hacer votos por que cada uno de ellos tenga presente que la sociedad tiene claras las causas de la situación actual de la Justicia, lo que les obliga a comprometerse para resolverlas tan pronto como sea posible. No hacerlo significará que en cuatro años estarán terminando su mandato tan desprestigiados como quienes fueron electos en 2011.
