El sábado, en Bonn (Alemania), finalizó la última Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Como solía ocurrir en años anteriores, el documento que cerró el encuentro manifiesta buenas intenciones pero deja los compromisos para el futuro. Por este motivo, la COP23 ha sido calificada por no pocos ambientalistas y científicos como un fracaso.
En efecto, se tenía previsto que este cónclave concluya con un reglamento que establezca las reglas y los mecanismos para poner en marcha el Acuerdo de París, suscrito hace dos años, como los criterios de control mutuo de emisiones o la transferencia de tecnología, entre otros aspectos técnicos. Además, se esperaba una revisión al alza de los compromisos de reducción del nivel de emisiones de CO2 anunciados en la capital francesa, ya que los niveles puestos hasta ahora sobre la mesa no garantizan la estabilización de las temperaturas globales. De hecho, un estudio divulgado la semana pasada a propósito de la cumbre alertó que las emisiones de gases responsables del calentamiento del planeta aumentaron un 2% en 2017, luego de tres años de relativa estabilidad.
Sin embargo, el reglamento del Acuerdo de París apenas quedó esbozado en un engorroso borrador que, según reconocieron los negociadores, necesita ser pulido al menos en otra sesión antes de la próxima cumbre, prevista para diciembre de 2018 en Katowice, Polonia. Según se consignó en la prensa internacional, de nueva cuenta los intereses mezquinos de grupo impidieron avanzar en esta cada vez más urgente cruzada contra el cambio climático. Mientras los países en vías de desarrollo se entroncaron en la premisa de que las naciones industrializadas aclaren primero sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero y sobre todo sus compromisos financieros para mitigar los efectos del cambio climático antes de que entre en vigor el Acuerdo de París, el 2020; los países desarrollados y emergentes se negaron a comprometerse sobre cifras y plazos.
Así, desde el inicio de las negociaciones, las diferentes perspectivas e intereses regionales trabaron cualquier consenso; y al final los representantes prefirieron aplazar las decisiones hasta 2018. Esto, a pesar de que el calentamiento global no conoce de treguas y se agudiza cada año, y con ello sus efectos: sequías, incendios forestales, derretimiento de los polos, inundaciones, y un largo etcétera que amenaza la vida en el planeta tal y como la conocemos.
Como dato positivo queda el compromiso de cerca de 7.500 ciudades y entidades de todo tipo, así como centenares de empresas, que se han propuesto a título personal avanzar hacia una sociedad baja o nula en carbono, conscientes que de ello depende que se pueda garantizar el derecho de las futuras generaciones a vivir bien, en un entorno saludable.
