La semana pasada, integrantes de congregaciones religiosas se manifestaron en las calles “por la causa de la vida”; nada menos. Estuvieron precedidos por una marcha, de siete personas, desde la localidad de Caracollo hacia la ciudad de La Paz. Y con esa bandera piden al presidente Morales que “ordene” (sic) detener el tratamiento en el Senado del nuevo Código del Sistema Penal.
La caminata de representantes de las iglesias se realizó un día después de las movilizaciones de centenares de mujeres y activistas en diferentes ciudades del país, que exigen el cese de la violencia machista. Y es que en lo que va del año se han registrado 28.060 casos de violencia contra mujeres (a razón de 88 por día), sin contar aquellos hechos que no se denuncian. Pero la constatación más grave son los 95 feminicidios producidos en este periodo. “Ni una menos” fue el grito común.
La situación de violencia contra las mujeres es tan crítica que la Organización de Naciones Unidas exhortó al Estado boliviano a declarar “alerta nacional” ante el elevado número de feminicidios y el creciente índice de delitos contra la vida e integridad de mujeres, niñas y adolescentes. Según datos oficiales para 2016, cuatro de cada 10 mujeres de 15 años o más fueron víctimas de violencia sexual, y siete de cada 10 sufrieron maltrato alguna vez. El 82% de los agresores provienen del entorno familiar.
¿Qué dicen los jerarcas y los marchistas de las iglesias frente a esta situación de violencia? Nada por ahora. ¿Se han manifestado con pancartas, y amenazas de huelga de hambre, contra los feminicidios? No todavía, si es que algún día lo hacen. ¿Lamentan siquiera el hecho de que el aborto inseguro sea la tercera causa de muerte materna en Bolivia? Ni una palabra. Pero son muy activos en decirle “sí a la vida” y en movilizarse contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Es probable que, en las siguientes semanas, la Asamblea Legislativa Plurinacional sancione la Ley del Sistema Penal que, entre otros avances, incluye un artículo que amplía las causales no penalizadas para la interrupción voluntaria del embarazo. Si bien esta reforma normativa no despenaliza el aborto, permite al menos que las mujeres decidan libremente en casos extremos. Este solo hecho, sin duda, disminuirá las muertes de mujeres (casi siempre pobres) por abortos clandestinos y mal practicados.
Bolivia exhibe importantes avances de inclusión de las mujeres, en especial su presencia paritaria en los órganos de representación. Tanto la Constitución Política como diferentes normas buscan garantizar derechos igualitarios, lo cual es elogiado a nivel internacional. Pero no es aceptable que persistan tan elevados índices de violencia machista ni menos que, en nombre de la religión, se “normalicen” las muertes de cientos de mujeres por feminicidios o abortos inseguros. El Estado laico tiene la palabra.
