Los bolivianos se aprestan a asistir una vez más a las urnas, ahora para elegir a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, en un ambiente también políticamente polarizado como en la primera experiencia electoral de 2011.
El proceso en general sufre/sufrió una serie de problemas no necesariamente concernientes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que rige la votación nacional.
La selección de candidatos padeció de varios incidentes, desde los cuestionamientos a la participación de la Universidad en ella, las confusiones en la puntuación de los postulantes, la ambivalente presencia de la oposición en las deliberaciones legislativas para el caso y la escasa apertura del oficialismo a las observaciones.
Más adelante, quizás impedido por las mismas restricciones legales, el TSE no logró mostrar con eficiencia a los candidatos; es complicado saber por quién votar en las dos papeletas del sufragio. Los líderes de opinión, muchos activistas y la oposición han jugado también su rol en este proceso, se han convertido en actores clave en la “socialización” del “voto nulo”.
Todo eso ante una complicada situación del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), que promueve el sistema de elecciones judiciales, afectado por denuncias de corrupción y, lo más grave, los intentos de forzar una nueva repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones generales de 2019.
Serán un factor posiblemente determinante como lo fue en 2011 —cuando las elecciones judiciales fueron la primera experiencia— el conflicto por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Arrecia el voto consigna desde cualquiera de las posiciones políticas, más allá de la convicción democrática de quienes se guardan el voto secreto.
La del domingo es una elección atípica: no hay partido que promueva candidatos (aunque al MAS le atribuyen el “padrinazgo” ahora), los candidatos no pueden hacer campaña para buscar el voto y no está permitido —aunque el TSE consideró que son permitidas las “expresiones” sobre el voto— hacer campaña por los candidatos y las distintas opciones del voto.
El MAS promueve el voto válido, el que finalmente determinará la elección de los candidatos, y la oposición, el nulo, que puede tener un efecto político interesante.
A pesar de todo. Las elecciones judiciales se definen con solo una mayoría simple de votos. Hubo en los comicios de 2011 candidatos que fueron elegidos con una votación ínfima, que incluso bordeó el 5%, ahora no será la excepción.
Aunque no hubo encuestas como ocurre en votaciones para elección de autoridades políticas, a juzgar por la opinión pública, la campaña de la oposición y del activismo, los traspiés del Gobierno y la influencia de las redes sociales, se prevé que el voto nulo supere sus resultados de 2011. Más allá de su condición plebiscitaria, esa opción anticipa una dura interpelación al sistema de elección de magistrados.
No son comicios para calificar al Gobierno, cuestionar al MAS o juzgar a Morales, como es su naturaleza, pero al ser éstos sus promotores resultarán los directos afectados por una eventual votación adversa para los candidatos, sea por la escasez de votos o la predominancia del voto nulo. El sistema de elección de autoridades judiciales no ha tenido repercusiones favorables en la gestión de las elegidas en 2011, una segunda votación que desemboque en otro fracaso deberá plantearnos la necesidad de modificar el sistema de elección. Pero hay que salir el domingo a votar, con convicción propia, sin consignas ajenas a uno.
