Ya son semanas que estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) están movilizados en demanda de mayor presupuesto para solventar sus gastos de funcionamiento. El Gobierno ha respondido explicando no solo que no incrementará el presupuesto de esta casa de estudios superiores, sino además que tiene en sus cuentas un saldo no ejecutado.
Probablemente la jornada más violenta de esta movilización tuvo lugar el martes, cuando un docente, tres estudiantes y cuatro policías resultaron heridos en los enfrentamientos producidos en los cinco puntos de bloqueo organizados por los universitarios: avenidas Montes, Naciones Unidas, 6 de Agosto, peaje de la autopista y en el ingreso al Aeropuerto Internacional de El Alto. Era inevitable que la Policía actuase despejando esas vías cruciales para el tráfico en La Paz y El Alto.
La UPEA exige una subvención de Bs 84 millones para finalizar la gestión 2017 sin problemas financieros; además pide la modificación de la Ley 195, en la que se dispone la asignación del “0,355% del total de la recaudación en efectivo por coparticipación tributaria” de casi una decena de impuestos nacionales, y que dicha transferencia de recursos suba al 1,35%. Al respecto, el Ministro de Economía ha recordado que modificar esta transferencia depende de que la universidad alteña entregue registros certificados de su alumnado, tarea pendiente desde hace 11 años.
Adicionalmente, en una solicitada publicada el domingo, el Ministerio revela que desde enero hasta octubre el Ejecutivo desembolsó el 115% de lo programado para ese periodo, mientras que la UPEA solo ha recaudado el 12% de lo presupuestado para esta gestión.
Agregó el ministro, luego de los sucesos del martes, que las movilizaciones de la comunidad universitaria alteña “buscan forzar al Gobierno a financiar excesivos salarios para docentes”, señalando que los profesores de la UPEA tienen los salarios más elevados del sistema universitario boliviano. En respuesta, uno de los dirigentes del cuerpo docente aseguró que el Ministerio “inventó papeletas de pago”, agregando que los docente de la UMSA “ganan el doble”, como si ese argumento mejorara su posición.
A estos problemas de índole financiera y de gestión, cabe añadirle otros no menos preocupantes, como el hecho de que estudiantes y autoridades de la UPEA hayan construido una imagen de universidad intolerante y discriminadora, hecho que puede constatarse en amparos constitucionales en los que se les ordena aceptar a docentes que fueron despedidos solo por dictar clases en otras universidades, comenzando por la también pública UMSA.
Hay, pues, razones para preocuparse del presente y futuro de la joven universidad alteña. Es inadmisible que un centro de estudios superiores de la importancia de la UPEA haya adoptado únicamente las peores prácticas de la universidad pública y sea incapaz de producir ciencia y conocimiento como lo demanda la realidad de El Alto.
