Desde mayo de 2014, con el fin de atenuar la congestión vehicular extrema que impera en El Alto, el Gobierno Municipal decidió implementar un plan vial que incluía restringir la circulación de los vehículos una vez a la semana en las zonas más conflictivas, según el número de placa; evitar el estacionamiento y prohibir el transporte pesado entre las 06.00 y las 22.00 horas en esa misma área.
Sin embargo, según se advierte en una nota publicada el martes en este diario, de estas tres medidas solamente la primera se cumple, y de manera parcial. Las otras dos no han podido ser implementadas hasta ahora por la incapacidad municipal para doblegar la férrea oposición de los choferes del transporte pesado, del transporte de pasajeros y de los conductores particulares ante estas resoluciones.
Por ejemplo, en inmediaciones de la Ceja es común que los minibuses se estacionen temporalmente para esperar pasajeros no solo a un costado de la vía, sino incluso en los carriles del medio; y únicamente cuando están llenos inician su marcha. De igual manera, pese a la restricción horaria que pesa sobre los vehículos pesados en las zonas 12 de Octubre, Villa Dolores, Villa Bolívar y 16 Julio, que abarcan aproximadamente 93 cuadras, su presencia en las vías de aquellos barrios es algo corriente las 24 horas del día. Y estos camiones y tráileres de gran tamaño no solo circulan sin ningún tipo de restricción, sino que además se estacionan durante largos minutos, incluso durante horas, para cargar y descargar distintos productos y materiales.
En su defensa, los transportistas alegan que modificar sus rutas con vías alternativas más alejadas del centro de la urbe les haría perder mucho tiempo, lo que pone en relieve la mezquindad y la falta de cultura ciudadana que impera en este rubro.
A todo ello se suma la frecuente toma de calles y avenidas por parte de los vecinos y de los vendedores que deciden convertir esos espacios reservados para el flujo de motorizados en mercados o en “salones” de fiesta. Por esto, no sorprende que a los 60 años un ciudadano de El Alto ha desperdiciado hasta ocho años de su vida dentro de un vehículo del transporte público, según alerta un estudio elaborado por la empresa Tranter por encargo de la Alcaldía y que fue divulgado recientemente.
Frente a este caótico escenario, y la incapacidad municipal para poner en práctica el plan vial antes mencionado, urge un mayor apoyo de todas las instituciones gubernamentales vinculadas con esta problemática, como la Gobernación, el Ministerio de Educación y la Policía Boliviana. Y es que no solo la gobernabilidad de la urbe alteña está en juego, sino también y sobre todo la salud y el tiempo de su población y de todos los paceños que se dirigen a esa metrópoli rumbo al aeropuerto, para trasladarse a otras regiones, o necesitan realizar alguna diligencia en la segunda ciudad más poblada del país.
