El fallo del Tribunal Constitucional que posibilita la repostulación de autoridades electas ha desatado una gran controversia política y ha dividido a la opinión pública. Las dirigencias, de todos los sectores, tienen la responsabilidad de gestionar sus consecuencias con responsabilidad y apostando siempre a los mecanismos democráticos y electorales.
Como era previsible, esta decisión ha desencadenado una ácida controversia entre oficialismo y oposición, y por añadidura, fuertes divergencias entre los ciudadanos e incluso movilizaciones callejeras. Muchos argumentan que existen grandes riesgos cuando se permite un ejercicio del poder sin limitaciones temporales. Otros, también numerosos, piensan que es justificable abrir la posibilidad de que una autoridad pueda ser reelecta en la medida en que el pueblo le ratifique su confianza mediante el voto libre, secreto y universal. Ambas posiciones reflejan discusiones filosóficas de larga data, las dos validas, sobre los principios rectores de una democracia.
Hay de igual manera observaciones sobre el sustento jurídico del fallo, con interpretaciones y criterios mayormente contradictorios. Tampoco la accidentada secuencia de sucesos relacionados con esta cuestión, que empezó con la convocatoria al referéndum del 21 de febrero de 2016, ha contribuido a tranquilizar el clima de la opinión.
En resumen, no hay muchos incentivos para que se instale una conversación serena sobre esta cuestión, y menos aún para construir un mínimo de convergencias sobre su tratamiento. Da la impresión de que estamos condenados a la polarización y a un inicio prematuro del ciclo preelectoral, el cual parece que será incierto, disputado y con las pasiones desatadas.
Frente a este panorama, es nuestro deber mantener la serenidad, condición que nos ayudará a reflejar de manera equilibrada todas las razones y sentimientos en torno a estas situaciones. Pero también es necesario hacer un llamado a todos los actores políticos a que asuman plenamente la responsabilidad de sus decisiones, y a que mantengan cierta proporcionalidad en sus expresiones y actuaciones.
El oficialismo tiene el desafío de mostrar claramente que todos los derechos democráticos están funcionando plenamente en el país y, sobre todo, que existe una institucionalidad sólida que garantiza que al final será en una contienda electoral libre y transparente donde se solucionarán muchas de las diferencias, legítimas por cierto, que se han generado en la sociedad en estos años.
A su vez la oposición tiene, por supuesto, el derecho a criticar y hasta indignarse, pero éste no es un argumento suficiente para apostar por el debilitamiento de toda la institucionalidad como si la contienda se simplificara en un todo o nada catastrófico. Por último, todos los ciudadanos tenemos la obligación de evitar que el tumulto político desgarre la convivencia social y la tolerancia entre los bolivianos.
