Areserva del resultado de la votación en las elecciones de ayer, que cierra un proceso signado desde su inicio por la disputa política, el día después requiere serenidad y madurez tanto en el análisis de escenarios como, en especial, para enfrentar los desafíos resultantes de los comicios. Los radicalismos deben superarse a fin de alentar el diálogo plural y la convergencia.
Como en todo proceso electoral, la primera señal de madurez democrática, más allá de la “batalla interpretativa”, es aceptar los resultados, esto es, reconocer plenamente, sin matices ni regateos, la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Si bien ya se cuentan con datos preliminares que expresan la tendencia del sufragio, en especial sobre los tipos de voto, es necesario esperar los resultados oficiales del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral en los tiempos previstos en la norma.
Otra señal importante es la mesura en el análisis postelectoral. ¿Cuál es el mensaje de las urnas? Como resultado de los comicios tendremos 26 autoridades electas, por voto popular, como máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero el sufragio universal como fuente de legitimidad encuentra su límite en los votos blancos y, en especial, los votos nulos expresados por diferentes motivos. Es importante abordar esta cuestión con rigor y sin extrapolaciones falaces.
El día después de las elecciones judiciales deja varios desafíos para la reflexión y el debate. El primero de ellos es evaluar el mecanismo de elección directa de los magistrados. ¿Funciona? ¿Es viable? ¿Cuáles son sus nudos complejos, sus “imposibles”? Aquí el desafío radica en poner en mesa una necesaria reforma normativa para afinar el mecanismo sobre cuestiones concretas como la preselección de postulantes, la no campaña, las condiciones de validez de la elección, la prematura politización.
Otro reto fundamental es el necesario balance sobre cómo queda nuestra democracia electoral tras los comicios de ayer. Si bien se evidencia, una vez más, una importante participación ciudadana, las complejidades de la elección judicial desnudan asignaturas pendientes como la legitimidad de los procesos, el ideal del votante informado, vacíos normativos, la fuerza de las consignas. Y plantea como desafío la necesidad de preservar la institucionalidad electoral como garantía del ejercicio democrático.
Por último, está en agenda el reto estructural de superar la agravada crisis en el sistema de administración de justicia en el país. Si bien las nuevas autoridades electas pueden impulsar cambios (lo que no hicieron sus antecesores), sería una ingenuidad creer que la solución depende de voluntades personales. Una crisis integral exige en respuesta políticas públicas y acciones colectivas también integrales. El 3D transcurrió con la intensidad de toda elección. Es tiempo de asumir el día después.
