Las democracias son creaciones frágiles e incompletas; constantemente corren el riesgo de degradarse, incluso de apagarse completamente conforme a los vaivenes de la historia y particularmente del curso que toman las luchas por el poder. El caso boliviano ilustra perfectamente esta afirmación. Durante el ciclo 2006-2009 se desplegó una dinámica democratizadora, formalizada en la nueva Constitución, cuya ambición es combinar los dispositivos democráticos representativos con mecanismos participativos, directos (aquí destaco el referéndum); y en ámbitos muy acotados, con ciertos usos de la democracia comunitaria.
En efecto, hablo de democratización porque esta tendencia propicia intercambios políticos fluidos entre Estado y ciudadanos con base en consultas vinculantes. Pero la historia también avanza por caminos oblicuos y oscuros.
El aberrante fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita la reelección indefinida del presidente Morales abre un nuevo e inquietante momento en el proceso político: un momento de des-democratización. No hemos pasado abruptamente de la democracia a un régimen totalitario o dictatorial; estas categorías aluden precisamente a formas institucionales ya cristalizadas, a Estados. En cambio, el acontecimiento del TCP puede ser aprehendido con el concepto de des-democratización, que alude una dinámica en ciernes. La des-democratización (valga la inelegancia de este neologismo, elaborado por el historiador Charles Tilly) es el proceso inverso de la democratización, no es una estructura institucional reedificada, todavía.
La des-democratización del “proceso de cambio” tiene dos aspectos salientes. Uno, la negación absoluta de una consulta vinculante a los ciudadanos, el referéndum del 21F, que destruye el régimen de relaciones políticas entre el Estado y ciudadanía, basado en la democracia directa y la participación, rompiendo estrepitosamente el principio de obligación que deben observar los poderes de la decisión del soberano. Dos, en los hechos, la nueva Constitución deja de ser aplicada tanto en su letra como en su espíritu. Ahora la norma envuelve y justifica las decisiones arbitrarias de los gobernantes; el poder se emplea para excluir y castigar al enemigo político y para premiar a los incondicionales.
Los funcionarios de gobierno y sus intelectuales han abandonado los argumentos jurídicos para justificar el fallo del TCP (supongo que no quieren pasar vergüenza), y ahora se han parapetado detrás de argumentos políticos. Dicen ellos: sin un Estado y un líder fuerte, las demandas colectivas de igualdad y emancipación no se pueden objetivar en cambios concretos sin los cuales es imposible democratizar una sociedad. Ocurre justamente lo contrario: ese poder aviva el deseo de reproducirse y abre el camino a la des-democratización.
