Estamos viviendo tiempos políticos turbulentos en América Latina. En Honduras aún no se ha resuelto la crisis electoral y el caso Odebrecht sigue provocando efectos desestabilizadores en todo el continente. El malestar y la desconfianza ciudadana se extienden. Urge encarar una profunda reforma en las prácticas políticas latinoamericanas.
En efecto, varios países enfrentan crisis políticas de gran envergadura. Los resultados de la reciente elección hondureña siguen en cuestión, el trabajo del Tribunal Electoral de ese país ha sido criticado, y el candidato opositor no acepta la victoria del oficialismo argumentando múltiples irregularidades en el proceso.
Por otra parte, las revelaciones de altos ejecutivos de Odebrecht han puesto en duda los negocios pasados del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuzcynski, quien no habría dicho la verdad en sus declaraciones sobre sus relaciones con esa controvertida empresa. A consecuencia de ello, la confianza en el Mandatario peruano se ha debilitado y varios partidos políticos han solicitado su renuncia. El ya débil gobierno de PPK está tambaleando y hay grandes dudas sobre la manera cómo concluirá esta crisis.
Aunque con características diferentes, ambas situaciones revelan el deterioro de la situación política en la región. Por una parte, se ratifica la tendencia de una fuerte polarización en los procesos electorales que complejiza enormemente su gestión. Parecería que la necesaria confianza para sostener todo sistema democrático se está debilitando en la región. La acción de las instituciones, en este caso del Tribunal Supremo Electoral, tampoco ayuda a fortalecer esta necesaria condición. Mientras la sospecha se expande, la confrontación se transforma en el instrumento favorito de los políticos. Y el resultado es un país bloqueado por casi un mes.
En el otro frente, la corrupción nuevamente muestra sus impactos destructores en el tejido político e institucional. El involucramiento del propio Presidente sucede luego de que varios otros exmandatarios del Perú fuesen acusados de recibir dinero de Odebrecht, como la jefa de la oposición, Keiko Fujimori (derecha), la exalcaldesa de Lima Susana Villarán (izquierda), y un largo etcétera de empresarios y políticos. El tsunami se está llevando consigo a buena parte de la clase política del país vecino. Un escenario en el que todos los políticos son calificados como corruptos no es el mejor para la gobernabilidad.
Más allá de las particularidades de cada caso, urge una profunda reforma de la política en toda la región que recomponga y fortalezca instituciones clave, como las electorales y las procuradurías; así como el establecimiento de más controles al manejo de dinero en la política. La desconfianza ciudadana, la polarización y la corrupción son males que erosionan la democracia y que ciertamente no permiten una renovación del sistema; al contrario, lo desestructuran.
