El 15 de diciembre, el Viceministro de Autonomías dio por concluido el diálogo instalado desde hace meses para suscribir un nuevo pacto fiscal. No obstante, algunos gobiernos subnacionales, particularmente las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija, calificaron este proceso como fallido, pues no se concretó una nueva redistribución de los recursos estatales.
En efecto, si bien una de las 25 alternativas para el financiamiento de las entidades territoriales autónomas contenidas en el documento final de esta negociación contempla “el análisis de factibilidad de los cambios en la distribución de los recursos de coparticipación tributaria”, representantes de las gobernaciones rechazaron este documento, y anunciaron que apelarán al Presidente y al Consejo Nacional de Autonomías para lograr un verdadero pacto fiscal.
Y es que, según señalan, este diálogo se instaló precisamente con el fin de redistribuir los ingresos estatales de tal manera que los gobiernos subnacionales puedan cumplir con sus responsabilidades, las cuales se han incrementado con las nuevas competencias que devienen de un modelo con mayor autonomía como el que se intenta configurar en el país.
A su vez, el viceministro del ramo señaló a la prensa que la reducción en un 10% del total de recursos de coparticipación tributaria que actualmente recibe el nivel central (74,7%) para destinarlo a las gobernaciones generaría “conflictos” de gravedad a la hora de sustentar sectores estatales clave como educación, salud, pensiones, Policía, FFAA y a la administración central. Y acotó que el Gobierno desde un principio sostuvo que el pacto fiscal no implicaba una redistribución de los recursos de coparticipación, “sino gastar bien lo que se tiene y mejorar y ajustar la gestión pública”.
Posición que previsiblemente fue rechazada por los representantes de los gobiernos departamentales, en tanto desahucia la solicitud con la que se presentaron a esta negociación en procura de mayores recursos para cubrir los gastos e inversiones que deben cumplir. A ello se suma la drástica caída de los precios internacionales del petróleo, que se ha traducido en una menor recaudación por concepto del Impuesto Directo y Especial a los Hidrocarburos (IDH), la principal fuente de ingresos de las gobernaciones.
Como se puede observar, se trata de un asunto por demás complejo, más aún tomando en cuenta que el régimen autonómico del país reconoce cinco formas de autogobierno (central, departamental, municipal, regional e indígena), y que existen decenas de competencias que necesitan de una mayor precisión, pues muchas de ellas se superponen entre los diferentes niveles gubernamentales. Sin embargo, no por ello deben dejarse de realizar los esfuerzos necesarios para configurar un pacto fiscal idóneo, que garantice la adecuada distribución de los recursos estatales en procura de una mayor eficiencia, responsabilidad y transparencia en el manejo de la cosa pública.
