Los acuerdos entre el sector agroindustrial cruceño y el Gobierno son un paso positivo para un posible relanzamiento de una agenda productiva en la que la inversión privada tenga un papel determinante. Es también una demostración de la factibilidad de un diálogo entre actores que podrían haberse quedado estancados en una confrontación estéril.
Muchas veces se olvida que el diálogo surge de la necesidad de resolver democráticamente problemas entre actores que inicialmente suelen tener posiciones divergentes sobre alguna cuestión. El conflicto y la existencia de visiones plurales sobre los temas públicos son naturales en una democracia, el desafío de la política consiste en superar las intransigencias, construyendo confianza y produciendo acuerdos en los que todos ganen un poco. Y para ello a veces se debe ceder en algunos intereses. Las estrategias del todo o nada, aunque justificadas por algunas buenas causas, suelen conducir a la ingobernabilidad y a la violencia.
Las conversaciones y acuerdos logrados en estos últimos años entre la agroindustria cruceña y el Gobierno despiertan sentimientos ambiguos en parte de la opinión pública. Muchos los descalifican, pues los entienden como una traición a las posiciones de izquierda del MAS, y otros los asumen como meras transacciones clientelares.
Los réditos que obtienen los protagonistas de estos consensos son obvios. Cualquier gobierno democrático debe solidificar sus condiciones de gobernabilidad resolviendo las demandas de todos los sectores, y sobre todo de aquellos con un peso significativo en la vida nacional. Por otro lado, los intereses de los empresarios tienen siempre que ver con lograr condiciones razonables para la inversión y el crecimiento de sus negocios.
Lo crítico es que estos consensos contribuyan a un bien colectivo. En este caso, la cuestión de fondo no solo es sostener un crecimiento económico en tiempos difíciles, incentivando una mayor inversión privada, sino también seguir fortaleciendo el dinamismo de la región con mayor expansión del país. Se puede ser crítico sobre ciertas prácticas de la agroindustria, que se deben regular, pero los costos de su debilitamiento estructural serían de gran magnitud.
Se espera también que la flexibilización de las regulaciones estatales se traduzca en un aumento significativo de las inversiones privadas, en esquemas de mayor contribución fiscal (si la expansión se produce), y en un mayor compromiso del sector con la evolución hacia un modelo agrícola sostenible.
La decisión de superar la confrontación entre los privados cruceños y el gobierno del MAS fue seguramente uno de los factores que más ha contribuido a que el proceso político boliviano, con sus tensiones, se diferencie de otros contextos en los que la polarización y la lucha sin tregua han erosionado severamente la democracia y el bienestar.
