El dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó a Evo Morales a la repostulación indefinida y la forma en la que se celebraron las elecciones judiciales avivaron la confrontación política en torno a un ficticio antagonismo dictadura-democracia. Ficticio no solamente porque el conflicto no sería posible sin la vigencia de un marco democrático de gobierno, sino también porque en el fondo ese antagonismo parece fundarse en una tramposa defensa de la democracia.
Como cualquier otra, nuestra democracia consiste, en esencia, en un conjunto de procedimientos que reglamentan la posibilidad del gobierno del pueblo en función del principio de representatividad. Los operadores de este principio son los partidos políticos, que limitan las probabilidades del abuso de poder, como su concentración. Por tanto, aunque los partidos hacen operable la democracia, no hacen a la misma; y por la historia que las define, a lo sumo constituyen un mal necesario. Los fundamentos de la democracia son, por el contrario, la igualdad política, condensada en el principio: “un ciudadano, un voto”; y la libertad política, condensada en la “expresión de las preferencias de los ciudadanos”. Así, adquieren sentido nuevamente los procedimientos democráticos como la práctica del voto y la celebración de elecciones; y todo lo relacionado con ello, como la alternancia, la limpieza y justeza electoral. Por ello, la discusión acerca de los límites y alcances de aquellos principios son intensas, sobre todo por el tipo de democracia que permitieron construir, siendo la más importante la democracia liberal.
Sin embargo, aun cuando los procedimientos constituyen tan solo una parte de la definición etimológica de la democracia y del ideal representado por el modelo ateniense, en el cual la democracia podía ser entendida como una forma de vida, las condiciones objetivas de cada contexto imposibilitaron la efectividad de aquellos procedimientos. En el caso de América Latina, el retorno a la democracia se produjo en el marco de una poco auspiciosa crisis de representación de los partidos políticos que no se pudo revertir, a pesar de la regularidad electoral que alcanzó la región. Al contrario, a ese fenómeno fueron sumándose otros, como el cinismo político y la impolitización, en parte porque la relación desarrollo-democracia no aplicó en la región por la profundización de la pobreza y el crecimiento de la desigualdad. Por eso, para algunos estudiosos, la región representa el escenario de la posdemocracia, un estado político en el cual la democracia es lo que no fue.
Precisamente por ello, y con el fin de precautelar los mecanismos procedimentales, quienes trataron de curar los males de la democracia apuntaron hacia el mejoramiento de la gestión pública a través de la llamada “gobernanza”, la “calidad de la democracia” y “el Estado de derecho”; a partir de lo cual buscaron llenar también el vacío provocado por el alejamiento de la política por parte del ciudadano. Que a partir de ello la democracia haya sido curada de sus males está en discusión; como también los esfuerzos por mejorarla, lo que muchas veces no pasa de su adjetivación, como en el caso de nuestro país.
Por tanto, ¿qué democracia es la que actualmente se defiende? ¿Aquella democracia elemental del simple procedimiento? ¿Por qué el debate no consiste en mejorar la democracia y no en la simple recurrencia de viejos términos tales como la alternancia, el derecho a elección y el voto? ¿Ello supone el relegamiento del proyecto de la democracia intercultural, que parecía cercano a un ideal de vida? ¿Por qué la democracia parece propiedad de líderes y partidos, y el procedimiento, solo beneficio de votantes?
