La vida, al interior de un Estado, está reglamentada y ordenada por preceptos que establecen derechos, deberes y responsabilidades. La norma permite o prohíbe, conforme a la Justicia. Es así que las leyes limitan el libre albedrío de las personas, pero también precautelan los derechos fundamentales de todo individuo y de la sociedad en su conjunto.
Para que las normas jurídicas tengan coherencia, que no expresen redundancia ni creen lagunas, y para que las penas sean justas y universales, se adopta un Código Penal. Es un compendio sistematizado y ordenado de las normas jurídicas de un Estado y un baremo que establece las penalidades que corresponden a cada incumplimiento. El legislador establece las normas y el Estado es el protector para evitar penas arbitrarias.
La ley concierne a todos los ciudadanos. Y el Código se aplica a todos los casos. A los grupos gremiales, a las asociaciones profesionales, incluso a aquellos que históricamente reivindican privilegios… En un Estado moderno, todos son iguales ante la ley. Nadie puede considerarse exento de obligaciones. Nadie puede tener estatutos especiales. Es decir que nadie debe temer por el ejercicio normal de su oficio. Nadie debe ver peligro o limitación de sus libertades. Es evidente que ni los conductores de camiones, ni los periodistas, ni los médicos, ni las vivanderas son personas perfectas. Tampoco todas sus acciones deben ser criminalizadas.
Ahora bien, en la vida cotidiana se cometieron y se cometerán errores. Algunos son simples incidentes sin importancia. Otros son calificados de infracciones y, los más raros, son delitos. En el desarrollo normal de un oficio o una profesión puede ocurrir lo mismo. Nadie está al amparo de un accidente. Puede tratarse de una infracción o de un error culposo con importantes consecuencias. Esto deberá ser determinado por la Justicia y, para evitar desbordamientos, se sabe cuál será la sanción.
Por una parte, no se puede imaginar que un médico, al iniciar su jornada de trabajo decida matar a uno de sus pacientes. Pero existe la posibilidad de un descuido. Conviene pues proteger al paciente y al médico. Al paciente, para asegurarle que no hubo un error culposo y al médico, para protegerlo de la tendencia a judicializar todo incidente.
La norma jurídica protege a la sociedad y a los profesionales, ya sea en el caso de los médicos, de los periodistas o de los conductores de vehículos. Por ello, todos debemos respetar y someternos a la ley. Nadie puede pretender que su acción está exenta de error. Nadie es infalible. Si una acción no es calificada de delito, se puede invocar la buena fe y beneficiarse de circunstancias atenuantes. Inclusive ser reconocida como simple incidente. Si existe delito, los juristas establecerán el grado de culpabilidad y dictarán la pena correspondiente.
Si una ley no corresponde a criterios de un grupo, busquemos mejorar la norma; contribuyamos responsablemente. Pero la ley debe existir. Si un Código Penal no nos satisface, busquemos mejorarlo. Pero no olvidemos que las leyes se aplican a todos y que el Código Penal enmarca el rango de penalidad aplicable.
No es nada constructivo exigir que tal profesión o tal cuerpo colegiado escape a la ley. No es admisible que un grupo pretenda que todos pueden errar, menos ellos. Persistir con chantajes sobre la salud parece ser un argumento político para echar oprobio sobre un gobierno. No querer dialogar, hacer berrinches de niños maleducados es, a mi entender, simple pretexto político que busca desestabilizar un gobierno elegido democráticamente por una mayoría apabullante de los bolivianos.
